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El autor puntualiza en esta colaboración los principales cambios que la nueva ley de leasing dispone para este tipo de operaciones: conceptos de operación de leasing, dador, canon, opción de compra, bienes, modalidades, inscripción, uso y goce del bien, momento de la opción a compra, prórroga del contrato, temas fiscales incorporados, etc.
Asimismo, se analiza detalladamente el marco tributario y el tratamiento a dispensar a los contratos de leasing frente al impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto a las ganancias, de acuerdo con lo reglamentado por el decreto 1038/00, brindándose en sendos cuadros resúmenes una práctica sinopsis y una comparación “leasing vs. compra con préstamo bancario”, según las diferentes implicancias fiscales de uno y otro para el locatario-empresa.

El Congreso de la Nación aprobó la ley 25248 (BO: 14/6/2000), reemplazando a la anterior ley 24441. La nueva ley ha sido muy esperada por el mercado, dado que se permite el acceso a bienes muebles e inmuebles y otros activos en condiciones crediticias más convenientes, terminándose asimismo con inseguridades jurídicas y desventajas fiscales que postergaron el uso de este mecanismo.

a) Financiero: se asimila más a una modalidad más cercana a la financiación tradicional, siendo el valor de opción mínimo.

La diferencia con el préstamo radica en el riesgo. Se tiene en cuenta el “cash flow” del cliente y el riesgo del bien.

b) Operativo: contiene valores de cuotas más reducidas y el valor de opción de compra; en general, es el valor de plaza del bien al momento de ejercitarse la misma.

Se destaca que, a los fines fiscales, existen otros criterios para encuadrar las operaciones de leasing frente a los diferentes gravámenes nacionales y provinciales.

El beneficio para el locatario, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, está en los siguientes aspectos:

- no se afecta la capacidad del tomador para acceder a otras fuentes de financiamiento;

- no se inmovilizan activos que para determinadas compañías, especialmente extranjeras, es una restricción.

En síntesis, el beneficio no sólo no se refleja en la menor cuota comparativamente con un préstamo, sino también en ventajas impositivas que, medidos todos esos aspectos en su conjunto, reflejan la conveniencia de utilizar el leasing respecto de comprar con un préstamo bancario.

Tratándose de leasing de automotores y otros vehículos, las ventajas que se incorporan son muy importantes, pues no solamente se cambia la focalización del riesgo por responsabilidad civil, sino que el locatario posee ventajas fiscales frente al impuesto al valor agregado (IVA), que no las tiene si desea comprar el bien con un préstamo bancario.

Veamos seguidamente los principales cambios introducidos en dicha ley de leasing, que pueden tener connotaciones fiscales:

La ley define que en el contrato de leasing el dador conviene en transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce contra el pago de un canon, y le confiere una opción de compra por un precio.

Tal definición permite conceptualizar mejor la naturaleza del leasing que, en su esencia, es una operación financiera y no un simple alquiler, donde el locatario paga por el uso, no por la propiedad, con las ventajas que ello tiene en materia tributaria (específicamente para sujetos que realicen actividad económica y no sean consumidores finales). Esta idea de pagar por el uso y no por la propiedad durante años ha sido el principal impedimento (entre otros) para el desarrollo del producto.

Las reglas del contrato de locación se aplican subsidiariamente al leasing comprendido en la presente ley, en tanto no sean incompatibles con el mismo.

Cuando el locatario haya pagado la totalidad de los canones y abonado el precio de opción de compra, se aplicarán -al ejercerse la opción correspondiente- subsidiariamente las disposiciones de la compraventa.

Vale destacar que no resultan aplicables al leasing las disposiciones relativas a plazos máximos y mínimos previstos para la locación de cosas. Dichos plazos son de un máximo de 10 años (art. 1505, CC) y un mínimo de 2 años (locaciones de viviendas) o 3 años (locaciones con otros destinos), conforme la ley 23091.

No se restringe a entidades financieras comprendidas en la ley 21526 de sociedades con objeto especial, ni importadores ni fabricantes. Ahora puede ser dador cualquier sujeto con capacidad legal para contratar, incluso sujetos domiciliados en el exterior, que anteriormente con el texto de la ley 24441 no estaban expresamente amparados por el régimen.

Veremos luego que, para definir el marco tributario, específicamente en el impuesto a las gananacias, el decreto reglamentario realiza importantes diferenciaciones para encuadrar como dador de un leasing operativo o financiero. Se destaca que la ley en absoluto diferencia los requisitos existentes entre uno y otro tipo de leasing.

Por otro lado, vale destacar que ahora se permite que los fabricantes e importadores de cosas muebles puedan realizar operaciones de leasing con el Estado, situación vedada conforme la ley anterior.

El mismo se determinará convencionalmente por las partes, en cuanto a monto y periodicidad, situación que permite considerar cánones variables, no consecutivos y, por ende, incluir en leasing bienes destinados a actividades estacionales.

No se requiere tener en cuenta, para su determinación, el valor del bien según principios contables, situación que requería la ley 24441, y originaba inconvenientes para establecer un criterio uniforme para el caso de entidades dadoras reguladas por diferentes organismos (BCRA, CNV, etc.), sumado ello al inconveniente que generaba la existencia de una tabla de vidas fiscales restringida solamente a escasos bienes.

El mismo puede fijarse en el contrato, o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas en el contrato.

Veremos luego que el decreto reglamentario, a los fines del impuesto a las ganancias, realiza encuadres impositivos diferenciales teniendo en cuenta el valor de opción que se haya fijado.

Se establece una mayor libertad entre las partes para fijar el precio de opción sin restringirlo a un precio o porcentaje definido de antemano en el contrato.

Ello convalida el ejercicio de opción teniendo en cuenta el valor de plaza del bien, criterio que no estaba contemplado expresamente en la ley 24441, aunque sí fue incorporado por el decreto 627/96, generándose dudas sobre la validez legal de encuadrar tales contratos en aquella ley.

Asimismo, con la nueva ley no surge la necesidad, para el caso de renovación del contrato, de que el mismo comprenda cosas nuevas. Este aspecto deberá mensurarse adecuadamente para realizar el debido encuadre fiscal de la operación de leasing.

Pueden ser objeto del contrato cosas muebles, inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales y software de propiedad del dador, o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing.

Se amplía de esta manera el espectro de bienes, permitiéndose asimismo diferentes modalidades en la elección del bien, lo que admite el “sale & lease back” de tales bienes (anteriormente restringido sólo a bienes inmuebles).

Se recuerda que la ley 24441 disponía que los bienes a entregar en leasing eran cosas muebles compradas especialmente por el dador a un tercero (lo que impedía el “lease back”, o ser de propiedad del dador).

Se permiten incluir en el contrato los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la puesta a disposición de los bienes dados en leasing, y su precio integrar el cálculo del canon.

Con la ley 24441 no surgía claramente la inclusión de tales conceptos en el precio de la locación y, asimismo, se disponía la individualización de los bienes muebles.

Una interpretación amplia del nuevo alcance de la ley permitiría incluir el valor de la locación al costo financiero por inmovilizaciones transitorias de los activos, desde que se adquieren por el dador hasta que se instalan, y se comienza a pagar el primer canon.

Ello no generaría perjuicios fiscales, pues la carga financiera se imputaría fiscalmente en función del criterio de amortización del bien por el dador (según sea leasing financiero u operativo) y no en el período de su devengamiento.

Finalmente, dado que la nueva ley permite dar en leasing bienes “que estén a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él”, se evidencia la posibilidad de realizar el subleasing, operatoria restringida con la ley 24441, pues ésta requería que el dador fuese el propietario del bien. No obstante, en cuanto al marco tributario aplicable, pueden producirse efectos no deseados, pues la esencia del nuevo reglamento impositivo se basa en las disposiciones del decreto 627/96, con las adecuaciones correspondientes a la nueva ley, por lo que la autoridad fiscal debería expedirse confirmando el marco fiscal existente, incluso a los subleasing, o en su caso que se realicen las adecuaciones correspondientes para evitar que se desarrollen negocios con tratamientos impositivos que luego sean cuestionados.

El bien, sea mueble o inmueble, marca, patente, modelo industrial o software, puede comprarse por el dador, o ser de su propiedad, antes de la celebración del contrato; también puede adquirirse por el dador al tomador (en el mismo contrato o con anterioridad), o finalmente debe estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él.

A efectos de su oponibilidad a terceros, el contrato debe inscribirse en el registro que corresponda según la naturaleza de la cosa que constituye su objeto.

El tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme su destino, pero no puede venderlo, gravarlo, ni disponer de él. Los gastos de conservación y uso del bien, incluso seguros e impuestos que recaigan sobre los bienes, son a cargo del tomador, salvo convención en contrario.

Puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado 3/4 partes del canon total estipulado, o antes si así lo convinieran las partes.

Puede preverse su prórroga a opción del tomador y las condiciones de su ejercicio.

El derecho del tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio del ejercicio de la opción, conforme lo determinado en el contrato.

La responsabilidad civil (art. 1113, CC) por el uso del bien recae exclusivamente en el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing, permitiéndose que se incluyan automotores y maquinarias de riesgo.

Anteriormente, la ley 24441 disponía que el dador respondiera con el valor de la cosa si el dador o el tomador no hubiesen podido haberse razonablemente asegurado, y sin perjuicio de la responsabilidad del tomador, lo que restringía especialmente la expansión del leasing de automotores.

El dador siempre puede ceder los créditos actuales o futuros por canon o precio de ejercicio de la opción de compra.

A los fines de la securitización de los flujos de cuentas a cobrar de tales contratos, se aplican las diposiciones de los artículos 70 a 72 de la ley 24441.

Ello ayuda a evitar costos de notificación y administrativos dado que, como principio general, la cesión de créditos, para ser oponible a terceros, requiere que la notificación se realice por acto público. Ahora, con la remisión a los artículos mencionados, no será necesario un acto de notificación, en tanto exista previsión contractual en tal sentido.

Tal securitización permitirá multiplicar la oferta de financiamiento de leasing y bajar el costo por la menor utilización de recursos por las compañías de leasing, hecho que redundará en una mayor oferta de operaciones con menores precios en los cánones, más allá de que se generara un nuevo producto de inversión financiera para los ahorristas dado en los bonos que emite el fideicomiso financiero, que cuenta con ventajas fiscales muy interesantes y rentabilidades superiores a las inversiones tradicionales.

Esta cesión no perjudica los derechos del tomador respecto del ejercicio o no de la opción de compra o, en su caso, de la cancelación anticipada de los cánones.

14.1. Hecho imponible frente al IVA: para los contratos de leasing de bienes muebles, incluidos en la nueva ley, el momento de perfeccionar el nacimieno del impuesto es en el mes del devengamiento del pago, o pago del canon, lo que primero ocurra, y con la opción de compra.

De tal manera, se evita el perjuicio que existía en operaciones con consumidores finales (excepto responsables no inscriptos cuando adquieran bienes de uso para su actividad gravada), pues el gravamen se liquidaba al inicio como si fuese una venta. Se recuerda que el decreto 1259/99 excluyó de dicho tratamiento a las operaciones con automóviles.

14.2. Exenciones: se incorpora la exención del gravamen para las operaciones de leasing que tengan por objeto inmuebles destinados a vivienda única y permanente.

14.3. Automóviles: no se considera la restricción para el cómputo del IVA-Crédito Fiscal de automóviles por valor de adquisición, neto del IVA, hasta $ 20.000, al momento de suscribirse el contrato. Ello permite que las empresas concesionarias y automotrices expandan la promoción de este producto, que cuenta con la ventaja de computar el IVA sobre los $ 20.000, situación que no ocurre de tratarse de una compra con un préstamo.

14.4. Financiamiento del IVA: se resuelve el perjuicio financiero que sufrían las sociedades dadoras de leasing por abonar inicialmente un IVA-Crédito Fiscal al adquirir los bienes que recuperaban con el tiempo a medida que se devengaba el ingreso de los cánones, dado su imposibilidad de aplicar tal crédito fiscal contra otras operatorias. Por ello se instruye al Poder Ejecutivo Nacional a extender el régimen de financiamiento del IVA, dispuesto por la ley 24402, de manera opcional, por la compra o la importación de bienes de capital de bienes destinados a operaciones de leasing.

En este sistema, los dadores de bienes en leasing pagan el IVA-Crédito Fiscal con un préstamo bancario a tasa cero, estando a cargo del Estado el pago de los intereses hasta un tope del 12% anual.

Se destaca que en todo lo que no esté específicamente contemplado en la ley, en su primera etapa resultan aplicables las normas de la locación, y desde el momento del ejercicio de la opción de compra se aplican las normas de la compraventa.

Las disposiciones del Capítulo I de la nueva ley (aspectos legales, principalmente) se aplican a los contratos ya celebrados, salvo que se produzcan nulidades o inoponibilidades, por lo que regirá la ley más favorable.

Dicho artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo a través del decreto 459/00, por lo que la vigencia resulta entonces para las operaciones que se realicen a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Los considerandos del decreto hacen referencia a que el veto tiene por objeto evitar la aplicación retroactiva de los contratos de “sale & lease back” de bienes muebles, así como también respecto de la inclusión en el canon del precio de determinadas prestaciones de servicios.

Las disposiciones del Capítulo II (Aspectos fiscales) entrarán en vigencia desde la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial, y para las operaciones que se realicen entre dicha fecha y la que fije el Poder Ejecutivo Nacional como plazo de finalización del régimen.

Esta norma reglamenta la ley 25248, definiendo el tratamiento tributario a dispensar a los contratos de leasing que se ajusten a las disposiciones de la mencionada ley.

En líneas generales, el nuevo decreto recepta en parte las disposiciones del decreto 627/96 (que se deroga a partir de la vigencia del presente), reglamentando asimismo aquellos aspectos fiscales establecidos por la ley de leasing.

Como introducción, se destaca sintéticamente el tratamiento introducido por el decreto 1038/00:

a) frente al impuesto a las ganancias, las operaciones se asimilan a financieras, de locación o de compraventa, en función del dador y otros requisitos expresamente establecidos;

b) frente al IVA, la operación se considerará como de locación, y cuando el locatario ejercite la opción de compra, se tratará en dicho momento como una compraventa; para ello, deberá tenerse en cuenta la naturaleza del bien que se entrega en leasing, a efectos de definir su inclusión o no en el objeto del impuesto.

Se destaca que el decreto no reglamenta el tratamiento del leasing donde el dador esté ubicado en el exterior (“cross border leasing”), más allá de que dicha transacción está contemplada dentro del marco de la ley 25248.

Tampoco se define el tratamiento diferencial frente al impuesto a la ganancia mínima presunta para el caso de la incorporación de los bienes al activo del locatario.

* Dadores: podrán ser entidades financieras regidas por la ley 21526, fideicomisos financieros de los artículos 19 y 20 de la ley 24441, o empresas que tengan por objeto principal la celebración de contratos de leasing, y en forma secundaria realicen exclusivamente actividades financieras.

Vemos como aspecto novedoso que se incluyen a los fideicomisos financieros comprendidos en los artículos mencionados (es decir, aquellos en los que actúen como fiduciarios determinados sujetos expresamente contemplados en la ley) y, asimismo, se restringe a las sociedades dadoras de leasing a que tengan como objeto principal (no dice exclusivo) realizar leasing, pero la actividad secundaria que realicen (para el caso que la tengan, no resulta razonable interpretar que la actividad secundaria es obligatoria) debe ser exclusivamente financiera.

* Objeto: podrán efectuarse contratos sobre bienes muebles e inmuebles; vemos que no se pueden realizar operaciones de leasing financiero sobre intangibles (por ejemplo, software), con el inconveniente de que cuando se estructuren operaciones que comprendan leasing de equipos y sortware, podrán quedar ambos en tratamientos fiscales diferenciales.

* Encuadre: se asimilarán a operaciones financieras a aquellos contratos cuya duración sea superior al 50%, 20% y 10% de la vida útil del bien, según se trate de bienes muebles, de inmuebles no destinados a vivienda, o de inmuebles con dicho destino, respectivamente, y se fije un importe cierto y determinado como precio para el ejercicio de la opción de compra.

A tal efecto (único y exclusivo), como Anexo del decreto se establece una tabla que contiene las vidas útiles estimadas de los bienes a otorgar mediante este tipo de operaciones.

Atento a que la nueva ley permite operaciones de leasing sobre bienes usados (restringido con la L. 24441), resulta indispensable que el Fisco defina, asimismo, la vida fiscal que resulta aplicable a tales bienes para realizar el debido encuadre fiscal de la operación, que razonablemente debería ser la vida útil restante.

* Base imponible: la diferencia entre el importe de los cánones y la recuperación del capital invertido (prestación financiera) constituirá la ganancia bruta obtenida por el dador.

El recupero del capital se determina dividiendo el costo del bien -disminuido en la parte contenida en el precio de opción de compra- por el número de períodos de la operación.

Al ejercerse la opción, el dador determina su resultado deduciendo del precio de opción (venta) el costo de adquisición remanente.

* Conceptos: se trata de los contratos-leasing que no encuadran en la característica de leasing financiero por cualquiera de las siguientes situaciones, sean por la naturaleza del dador (cualquier sujeto que tenga capacidad legal para contratar incluso los sujetos mencionados en el pto. 2.1.1), los plazos de la locación respecto de la vida fiscal (para el caso de que estando originalmente la operación dentro del ámbito del leasing financiero no se excedan los porcentuales de locación vs. vida fiscal), los bienes objetos del leasing (intangibles), o por el valor de la opción de compra (su determinación al momento de la opción).

Destacamos que se asimilarán a operaciones de locación a aquellos contratos en que el precio para el ejercicio de la opción de compra deba determinarse según procedimientos o pautas pactadas al momento de ejercerse la misma (por ejemplo, valor de plaza).

* Base imponible: en las operaciones de locación, el dador gravará el importe de los cánones y deberá amortizar el costo del bien, conforme con las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias (vida fiscal).

Al ejercerse la opción de compra, el dador computará como costo el previsto en la ley de impuesto a las ganancias, según el tipo de bien que se trate, y como precio de venta un importe no inferior al fijado en el respectivo contrato.

2.1.3. Tratamiento del tomador en los casos asimilados a operaciones financieras o de locación

Los tomadores de los referidos contratos de leasing, que afecten los bienes a obtener ganancias gravadas, computarán como deducción el importe de los cánones imputables a cada ejercicio fiscal hasta el momento en que ejerzan la opción de compra.

En los casos de leasing de automóviles, la deducción será procedente con las limitaciones previstas en el inciso I) del artículo 88 de la ley del impuesto a las ganancias, debiendo constar en el respectivo contrato, en las formas y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, el porcentaje del canon y del precio de la opción de compra que resulten deducibles o amortizables, respectivamente, para el tomador.

Si bien la norma no lo dispone expresamente para el caso de inmuebles, y en base a una aplicación de las disposiciones del impuesto a las ganancias como norma base del presente reglamento, resulta razonable interpretar que, respecto de los canones de leasing de inmuebles, especialmente los leasing financieros, no resultaría lógico deducir la parte del canon en la proporción atribuible al terreno. Si ello se admitiera, se permitiría un tratamiento fiscal disímil con quien adquirió el inmueble con un préstamo y no puede amortizar el costo del terreno.

Aquellos contratos de leasing considerados en el punto 2.1.2, cuyo precio fijado para la opción de compra sea inferior al costo impositivo computable atribuible al bien en el momento en que se ejerza dicha opción, serán tratados, respecto del dador y del tomador, como una venta financiada desde su inicio (dejándose constancia en el contrato), constituyendo en estos casos el precio de la transacción el recupero del capital contenido en los cánones previstos en el contrato y en la opción de compra.

La diferencia resultante entre el importe de los cánones, más el precio de la opción de compra y la recuperación del capital aplicado, se imputará conforme a su devengamiento. La misma deberá ser informada por el dador al tomador a efectos de que este último practique su deducción en la determinación del impuesto a las ganancias.

En tal situación, el locatario no deducirá los cánones, sino la amortización impositiva en la vida fiscal. Asimismo, deducirá los intereses con su devengamiento, no siendo aplicables las disposiciones sobre “thin capitalization”, dado que los intereses responden al financiamiento de un bien y no de un típico préstamo financiero.

Para el caso de que, al finalizar el contrato, el locatario no ejerza la opción de compra, deberán ajustarse las declaraciones juradas de ambas partes en el período fiscal en que ello ocurre, corrigiéndose las diferencias entre los montos computados impositivamente respecto de los que hubieren debido considerarse bajo la figura de operación de locación.

Frente a dicho gravamen, no existe distinción entre leasing operativo y financiero, sino que la operación se encuadra como una locación y luego, al ejercitarse la opción, como una compraventa.

* Bienes muebles: las operaciones de leasing de cosas muebles serán tratadas como locación durante el período que abarque la locación de los bienes, y como transferencia a título oneroso, en el momento del ejercicio de la opción de compra. El hecho imponible se perfeccionará en el momento de devengarse el pago o en el de su percepción, el que fuera anterior, de los respectivos cánones y del precio establecido para ejercer la opción de compra.

* Bienes inmuebles: respecto de los contratos asimilados a operaciones financieras o de locación que tengan por objeto la locación con opción a compra de inmuebles, serán considerados en todos los casos como operaciones de locación.

Asimismo, los dadores no revestirán el carácter de sujetos del impuesto como empresas constructoras cuando los inmuebles comprendan obras efectuadas sobre inmueble propio y, al momento de ejercerse la opción de compra, hubieran estado afectados a locación por un lapso continuo o discontinuo de tres años, lo que determinará que deban reintegrarse los créditos fiscales que se hubieran computado atribuibles al bien.

El decreto recepta las disposiciones del artículo 5º del reglamento del IVA, generando para las operaciones de leasing situaciones inconsistentes. Ello así, pues la venta de la obra se considerará sujeta al impuesto cuando el lapso de la locación sea inferior a 3 años. En cambio, cuando la locación supere dicho lapso de tiempo, no se gravará el valor de opción, pero por otro lado la operación podrá considerarse venta financiada desde el inicio y, bajo una interpretación armónica de la norma, estará sujeta al impuesto.

Siguiendo con el análisis, cuando se trate de contratos asimilados a operaciones de compraventa (ver pto. 2.1.4), e incluyan obras efectuadas sobre inmueble propio, sí será de aplicación la presunción establecida en el tercer párrafo del inciso e) del artículo 5º de la ley del IVA, que determina que el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se otorgue la tenencia, y deberá dejarse constancia de tal circunstancia en el respectivo contrato.

Lo expuesto deberá adecuadamente reglamentarse por la autoridad fiscal, pues podrán darse situaciones de venta financiada desde su inicio, que motivarán para el dador-empresa constructora la liquidación del correspondiente débito fiscal, pero finalmente el locatario no ejercite la compra del bien, debiendo entonces reajustarse el impuesto originalmente determinado, para llevar a un escenario tributario de locación de inmuebles.

La norma contempla, para los contratos que tengan por objeto la locación con opción a compra de bienes muebles, que las partes podrán optar contractualmente por incrementar el débito fiscal del primer o de los primeros cánones, en un importe distribuido uniformemente entre los mismos equivalente a la suma de reducción de los débitos fiscales que normalmente se incluirán en las cuotas siguientes.

Los incrementos de los débitos fiscales deberán facturarse en forma discriminada y se computarán para la determinación del impuesto en el momento de devengarse el pago o en el de su percepción, el que fuera anterior.

Tales impuestos incrementados se computarán como créditos fiscales para el locatario.

La exención sobre los intereses de préstamos para compra, construcción o mejoras de viviendas destinadas a casa habitación también comprenderá a los intereses establecidos en los contratos de leasing regidos por la ley 25248.

En los contratos que tengan por objeto la locación con opción a compra de automóviles, deberá constar, en la forma y en las condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, el porcentaje que resulte computable como crédito fiscal del gravamen que recae sobre cada canon y sobre el precio establecido para ejercer la opción de compra. Esta norma reglamenta el artículo de la ley de leasing que dispuso que la restricción para el cómputo del crédito fiscal, originado en compras, importaciones y locaciones de automóviles contenida en la ley del IVA, sólo será de aplicación respecto de los cánones y opciones de compra, en la medida en que excedan los importes que correspondería computar respecto de automóviles cuyo costo de importación o valor de plaza fuera de hasta $ 20.000 -neto del IVA- al momento de suscripción del contrato.

Se extiende con carácter opcional el régimen previsto en la ley 24402, para el pago del impuesto, en aquellos casos en que grave la compra o la importación definitiva de bienes muebles destinados a operaciones de leasing de la respectiva ley.

Son beneficiarios las sociedades que tengan por objeto principal la celebración de estos contratos comprendidos en la ley de leasing -excepto operaciones de “lease back” (ver pto. 2.4)-. Quedaron excluidos, como principales dadores, los fideicomisos financieros y las entidades financieras.

El régimen se implementará, mediante una línea de créditos que las entidades financieras podrán otorgar a los beneficiarios del mismo, para el pago del IVA correspondiente a la adquisición o la importación de los bienes.

A su vez, el Estado Nacional compensará a las entidades financieras por los créditos previstos precedentemente, con una retribución que no podrá superar el equivalente al 12% de la tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos. La misma estará exenta de IVA y no originará prorrateo de crédito fiscal. Asimismo, será pago a cuenta de sus liquidaciones del IVA.

Los créditos amparados por el régimen deberán cancelarse en el momento de ejercerse la opción de compra o producirse cualquier forma de cancelación del contrato de leasing. No obstante, la Autoridad de Aplicación podrá fijar plazos de cancelación inferiores.

Las entidades financieras podrán exigir a los beneficiarios de los créditos la constitución de las garantías que estimen procedentes.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas por el decreto o el cambio de destino de los bienes hará decaer la franquicia otorgada, en cuyo caso los beneficiarios deberán reintegrar al Fisco los intereses que hubiera tomado a su cargo, pudiendo el Fisco, asimismo, aplicar una multa graduable entre el 50% y 100% de dichos intereses.

No procederá la aplicación del régimen por las compras o importaciones definitivas de bienes por los que se hubiera computado el respectivo crédito fiscal

Los contratos de leasing ajustados a la respectiva ley, que tengan por objeto la locación con opción a compra de bienes adquiridos por el dador al tomador en virtud del mismo contrato o con anterioridad al mismo, se asimilarán, a los fines fiscales, a las operaciones financieras y tendrán el siguiente tratamiento tributario.

* Situación general: a los dadores les serán de aplicación las disposiciones previstas para contratos asimilados a operaciones financieras, cualquiera fuese la duración del contrato.

Los tomadores podrán computar como deducción el importe que surja de restarle, a la suma de los cánones más el precio de opción de compra, el valor por el cual se hubiere realizado la transferencia del bien al dador, en la proporción que corresponda imputar a cada período fiscal de acuerdo con el vencimiento de los referidos cánones y del ejercicio de la opción de compra. Es decir, el cargo financiero es el concepto deducible.

Asimismo, los tomadores deberán (obsérvese que no se prevé la opción, como en el D. 873/97, sino que es obligatorio) imputar el resultado proveniente de la enajenación realizada al dador al período fiscal en el que hagan ejercicio de la opción de compra. Si dicho resultado fuere ganancia, la misma podrá ser afectada al costo del bien readquirido. El costo del bien readquirido se conformará por el precio efectivamente pagado más el importe correspondiente a la diferencia no deducida de los cánones devengados hasta el momento en que dicha opción se ejerza.

A efectos de las amortizaciones, o del resultado en caso de una nueva enajenación, deberán considerar dicho costo disminuido en el importe de la ganancia que hubieran afectado al mismo, y de las amortizaciones deducidas durante el período de locación.

* No ejercicio de la opción de compra por parte del locatario: cuando no se ejerza la opción de compra, el dador estará obligado a computar, en la determinación del impuesto en el momento de extinción del contrato, el ingreso correspondiente a la suma de la parte de los cánones devengados en el período de vigencia del mismo, considerada oportunamente como recuperación del capital, y la deducción de las amortizaciones.

El tomador deberá considerar, en la determinación del mismo período fiscal, la deducción de la parte de los cánones no deducida durante la vigencia del contrato, el resultado proveniente de la enajenación realizada en su momento al dador y el recupero de las amortizaciones oportunamente deducidas.

* Situación general: la base imponible para el dador estará compuesta por el importe resultante de la diferencia entre el valor de los cánones y la recuperación del capital aplicado contenido en los mismos.

El tomador podrá computar como crédito fiscal el impuesto determinado, de acuerdo con lo mencionado precedentemente, en tanto el mismo le haya sido facturado por el dador en la forma y en las condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Idéntico tratamiento será de aplicación respecto del precio fijado por la opción de compra en el caso en que la misma se ejerza.

Las transferencias de bienes del tomador al dador, realizadas en virtud del contrato de leasing, o con anterioridad al mismo, y las originadas como consecuencia del ejercicio de la opción de compra no generarán (salvo en el caso de no ejercerse la opción de compra) los hechos imponibles contemplados en la ley del impuesto al valor agregado (léase transferencias definitivas de dominio), debiendo constar en el respectivo contrato y ser comunicada a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Obsérvese la asimetría existente entre el impuesto a las ganancias y el IVA respecto de lo expuesto en el párrafo anterior. Ello así, pues deberá imputarse un resultado frente al impuesto a las ganancias al momento de recomprar el bien, no generando débito fiscal por la transferencia original de los bienes cuando la misma hubiera estado gravada.

* No ejercicio de opción de compra: en estos casos, para el dador deberá computar (cuando la locación hubiera estado gravada) como débito fiscal el impuesto correspondiente a la suma de los cánones devengados en el período de vigencia del mismo, considerada oportunamente recuperación de capital.

Por otro lado, el tomador estará obligado a computar como débito fiscal el impuesto que hubiera correspondido considerar en oportunidad de haberse efectuado la venta al dador, cuando dicha transferencia se encontrare alcanzada por el tributo, y el derecho a computar como crédito fiscal el impuesto correspondiente a la parte de los cánones, considerada oportunamente por el dador como recupero de capital (es decir, el débito fiscal liquidado por el dador), cuando la locación de los bienes objeto del contrato estuviera alcanzada por el tributo, el que deberá documentarse en la forma y en las condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Cuando el bien objeto del contrato sea un inmueble, la adición al débito fiscal, dispuesta por el artículo 11 de la ley del IVA, sólo procederá cuando, habiéndose efectuado la operación dentro del plazo fijado en la norma, no se ejerza la opción de compra contenida en el contrato, en cuyo caso la liquidación prevista deberá practicarse en el período fiscal correspondiente a su finalización.

2.5.1. Las empresas que tengan por objeto principal la celebración de contratos de leasing en los términos, condiciones y requisitos establecidos por la ley 25248, y en forma secundaria realicen exclusivamente actividades financieras quedan excluidas de las limitaciones a la deducción de intereses establecida en el tercer párrafo del inciso a) del artículo 81 de la ley del impuesto a las ganancias (“thin capitalization”).

2.5.2. Las empresas mencionadas precedentemente y los fideicomisos financieros de los artículos 19 y 20 de la ley 24441, que tengan por objeto principal la celebración de dichos contratos, considerarán como base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta el 20% del valor de sus activos gravados.

Se observa aquí una desprolijidad en la redacción, pues los fideicomisos financieros no son sujetos del gravamen, sino cada uno de los inversores en los títulos de deuda y certificados de participación.

2.5.3. Asimismo, dichas sociedades y fideicomisos -agregando el art. 30 para ambos cuyo objeto principal sea la celebración de este tipo de contratos- no revisten la calidad de sujetos pasivos del impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario.

Vemos que, si bien se excluyen del gravamen a tales sujetos, se agrega a los fideicomisos un condicionante no contemplado dentro de las anteriores disposiciones del decreto, lo cual lleva a pensar que también se produjo un desliz en la redacción del decreto.

2.5.4. Al solo efecto de este último impuesto, las contraprestaciones que se efectúen con motivo de un contrato de leasing regido por la ley 25248 serán consideradas como reintegros de capital.

2.5.5. Frente al impuesto de sellos nacional no se incluye disposición alguna como sí lo preveía el proyecto reglamentario original. El tema se circunscribe a las operaciones de “sale & lease back”. Ello así, pues las mismas, en armonía con el criterio seguido en el impuesto al valor agregado (no así con el impuesto a las ganancias, pues en este gravamen se considera que existe una venta original), deberían considerarse como un préstamo con garantía del inmueble y tributarse considerando el valor económico de una operación de préstamo. En caso contrario, existirían dos transferencias de inmuebles gravadas, debiendo recordarse la existencia de disposiciones fiscales considerando la valuación fiscal como valor mínimo de tributación.

Este inconveniente se traslada a las restantes jurisdicciones, donde el problema se agrava al estar sujeto a impuesto el contrato que instrumente la locación.

2.6.1. Se deroga el decreto 627/96, cuyas disposiciones serán de aplicación para las operaciones de leasing realizadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 25248 hasta la entrada en vigencia del presente decreto.

Se omitió derogar el decreto 873/97, si bien el mismo resulta inaplicable, pues se refiere al leasing contemplado en la ley 24441, cuyas disposiciones se derogaron por la ley 25248.

2.6.2. Las normas del decreto 1038/00 entrarán en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial (vigencia: 15/11/2000).

2.6.3. En el caso de contratos de “lease back”, celebrados con anterioridad a la fecha mencionada en el punto anterior, las disposiciones contenidas en el artículo 26 del presente decreto (“lease back”) serán de aplicación para los cánones cuyo vencimiento opere con posterioridad a dicha fecha, debiendo considerarse las contraprestaciones perfeccionadas hasta ese momento con arreglo al tratamiento dispuesto para las locaciones con opción a compra.

Asimismo, a los efectos del IVA, el tomador y el dador computarán, respectivamente, como crédito y débito fiscal del primer período que se perfeccione a partir de la citada fecha, inclusive, el importe que surja de aplicar la alícuota general del impuesto sobre la diferencia resultante de deducir del precio neto de la venta por la transferencia del tomador al dador la parte de los cánones atribuibles al recupero del capital vencidos a esa fecha.

Vemos que frente al IVA se obliga a ajustar el tratamiento otorgado oportunamente para llevarlo a una operación financiera.

2.7.1. Retención del impuesto a las ganancias. Dadores del exterior: para el caso de dadores del exterior, dado que no existen disposiciones fiscales expresas, el encuadre fiscal se realizaría de la siguiente manera:

a) Leasing financiero: conforme las disposiciones del decreto 1283/93, incorporadas por el decreto 679/99 a continuación del artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto a las ganancias, se requiere el cumplimiento de determinadas premisas para considerar a la operación como una compraventa financiada. En tal caso, solamente el interés incluido en los cánones asimilados a intereses por importación financiada de bienes de capital estarán sujetos a la retención del impuesto a la alícuota nominal del 15,05% (salvo que se apliquen convenios para evitar la doble imposición internacional).

b) Locación y venta posterior: cuando el leasing no encuadre en el punto a), los alquileres estarán sujetos a retención del impuesto a la alícuota nominal del 14%, y la posterior venta del bien utilizado en el país a la alícuota del 17,50% (pudiendo aplicarse, en este caso, la alícuota del 35% sobre la ganancia real).

Adicionalmente, se destaca que, frente al IVA, el valor imponible para el locatario será el precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación, excluidos los tributos a la importación, o con motivo de ella, el propio IVA y los impuestos internos, destacándose que para las operaciones de locación con opción de compra no resulta aplicable el beneficio de importación temporaria.

2.7.2. Impuesto sobre los ingresos brutos: la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires dispone que en las operaciones de locación financiera y/o leasing, celebradas de acuerdo con las disposiciones del artículo 27 de la ley 24441, realizadas por entidades financieras comprendidas en la ley 21526, la base imponible para el dador se determinará conforme el procedimiento establecido para operaciones de crédito realizadas por tales sujetos (“spread”).

En las operaciones realizadas por sujetos que tengan por objeto este tipo de contratos no comprendidos en la ley 21526, la base imponible se determinará conforme una operación de préstamo, pero sin deducir la tasa de interés pasiva.

De lo expuesto se observa que la redacción de la norma debería adecuarse o interpretarse en el sentido de la nueva ley.

Asimismo, vemos que no se diferencia entre leasing financiero u operativo para realizar el encuadre fiscal.

Finalmente, las restantes jurisdicciones que no prevén disposición expresa al respecto deberían aceptar o receptar, en sus Codigos Fiscales, las disposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Veamos finalmente, en un cuadro comparativo, las diferentes implicancias fiscales para el locatario-empresa entre utilizar leasing y comprar con préstamo bancario:

IMPUESTO	LEASING	COMPRA CON PRESTAMO BANCARIO
1. A las ganancias
1.1. Deducción	Canon (en plazo del contrato)	Amortización del bien (en vida fiscal), más intereses
1.2. “Thin capitalization” (limitación a deducción intereses)	N/A	Sí aplicable
2. Al financiamiento	N/A	Sí aplicable
3. A la ganancia mínima presunta	N/A hasta opción	Gravado el activo
4. Al valor agregado	Sí (sólo muebles)	Sí aplicable sobre los intereses y la compra del bien mueble e inmueble (en primera venta)

[1:] Para una mayor comprensión de los diferentes impactos impositivos en una estructura de securitización de contratos de leasing sugiero la lectura de Martín, Julián: “Tratamiento impositivo de operaciones financieras” - Ed. KPMG - 1999

EL PRESENTE TRABAJO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTA DOCTRINA TRIBUTARIA DE ERREPAR , ENERO/01