ASPECTOS FUNDAMENTALES

La Plata, 1 de diciembre de 1999

El doctor De Lázzari dijo:

Entiendo que tal como lo asevera el impugnante existe en el fallo recurrido violación de la doctrina establecida en la causa (L. 42182), "Rivarola c/Flocco s/indemnización por despido" con sentencia del 10/10/1989. En la misma se concluyó que: "habiéndose comprobado que la relación laboral se estableció con los dos demandados conjuntamente, era válida la intimación efectuada por el dependiente sólo a uno de ellos".

Tal el caso del "subjudice" en que el tribunal interviniente, con sustento en la prueba oral e informativa, tuvo por acreditado que los locales en que funcionaban las demandadas eran contiguos, que eran propiedad de las mismas personas, que Lupia laboraba para dichas empresas recibiendo órdenes de los mismos directivos -titulares de ambas-, que las empleadoras abonaban en forma indistinta las remuneraciones a la actora. Es por ello que el Tribunal debió tener por anoticiada a la otra demandada de los reclamos actorales en virtud de los principios de solidaridad y buena fe (arts. 62 y 63, LCT) que deben imperar en toda relación laboral.

NOTA AL FALLO

En materia de relaciones laborales, es conveniente recordar que, por lo general, para que el trabajador acceda a las indemnizaciones por despido indirecto justificado que ha fijado el legislador (arts. 232 y 245, LCT y 6º y 7º, L. 25013) y/o a las reparaciones que establece el sistema resarcitorio de la ley de empleo por falta de registración y/o registración incorrecta de la relación de trabajo (arts. 8º, 9º, 10 y 15, L. 24013) es obligación del dependiente efectuar intimaciones y/o emplazamientos tendientes a lograr que el empleador cese en su accionar doloso y subsane sus incumplimientos u omisiones.

Dentro del campo de la ley de contrato de trabajo, tal imposición es fruto de los principios de subjetividad de la injuria, la buena fe y la preservación de la relación de trabajo (ver arts. 10, 62 y 63, LCT; conforme criterio CNTrab. - Sala I - 18/6/1991, "Krawczyk c/Difusora Bibliográfica Dibisa SA" - DT - T. 1992-A - pág. 260; íd. Sala V - 22/4/1997, "Zola c/Tiempo empresario SA" - DT - T. 1997-B - pág. 2844; Sala VI - 3/8/1990, "Ruiz c/Cavifer SA" - DT - T. 1990-B - pág. 2585; Sala VII - 28/5/1993, "Kasangian c/Medilab SRL" - DT - T. 1994-B - pág. 2149; Sala VIII - 28/2/1994, "Beisso c/Arfull SA" - JA - T. 1997-III - pág. 81; SC Bs. As. - 15/12/1987, "Cursio c/Petrina" - TySS - 1988 - pág. 793) y, dentro del campo de la ley empleo, de una expresa voluntad legislativa que resulta de la simple lectura del artículo 11 de la ley 24013, ya que el trabajador -o la asociación sindical que lo represente- debe intimar al empleador, en forma fehaciente, a que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, toda vez que el objetivo precipuo de dicho cuerpo normativo es lograr la "regularización" de las relaciones de trabajo y no servir de pivote para incrementar las reparaciones por ruptura injustificada del vínculo.

Bajo este esquema de pensamiento, es fácil comprender la importancia de la doctrina que nos ocupa, pues la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, resolvió que, habiéndose establecido la relación laboral con dos empresas conjuntamente, corresponde tener por válida y operativa la intimación efectuada por el dependiente a sólo uno de ellas para generar en su beneficio derechos resarcitorios (conforme criterio sent. del 1/12/1999, "Lupia, Sara M. c/Phono Bahía SA y otro").

La decisión adoptada nos merece algunas precisiones, a saber:

a) En principio, lo que el Alto Tribunal contempla es la situación de un trabajador sometido a una situación de pluriempleo, esto es cuando recibe órdenes e instrucciones de una o más empresas y/o personas que usufructúan libremente sus prestaciones, abonando los salarios correspondientes, lo que resulta un fenómeno bastante común en personas jurídicas que abusan de su personería y/o en profesionales universitarios -abogados, médicos, ingenieros, etc.- que explotan una oficina en común utilizando los servicios de una o más secretarias o auxiliares.

Así, según doctrina(1), resulta factible que una pluralidad de personas físicas, sin constituir una sociedad entre ellas o integrar una asociación, se constituyan en empleadoras en una relación conjunta respecto de un trabajador. En tal hipótesis, la relación la establecerán todos los empleadores -en conjunto- con relación a un solo sujeto dependiente.

b) Empero, en principio, no advertimos mayores inconvenientes de que la doctrina transcripta se aplique a relaciones laborales legisladas por el artículo 31 de la ley de contrato de trabajo, esto es, de las empresas que forman un conjunto económico de carácter permanente ya que, en tales situaciones, los empleadores están estructuralmente relacionados de tal modo que una parte empresaria no puede desconocer lo que hace la otra, ya que tienen una finalidad y un objetivo común, máxime cuando el reproche de responsabilidad que dicha directiva formula se apoya en la conducta dolosa y/o maliciosa de las empresas vinculadas.

c) Por el contrario, en caso de que la relación de trabajo se haya iniciado a través de los sistemas de interposición y/o mediación, a que hace referencia el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo, el trabajador debe efectuar su intimación al empleador que usufructúa su prestación y a quien el legislador reputa responsable directo de las obligaciones laborales, no siendo el contratista más que un deudor vicario y solidario.

d) A su vez, si la relación laboral se inició por contratación a través de una empresa de servicios, el emplazamiento formulado por el dependiente a dar tareas y/o a cumplir la multiplicidad de las obligaciones laborales debería ser destinado a dicha entidad por ser la titular de la relación de trabajo (conforme arts. 29 "in fine" y 29 bis, LCT), y ello salvo que el subordinado afirme que las tareas para las cuales fue contratado no eran eventuales y/o extraordinarias, ya que en dicha hipótesis el requerimiento debe ser efectuado a la empresa usuaria, por resultar ésta obligada directa de la relación de trabajo, en virtud de haber abusado del sistema de contratación prescripto por intermediación de empresas de servicio.

e) Por último, en los supuestos de subcontratación y/o delegación, la intimación o el requerimiento del subordinado debe ser efectuado a las empresas cesionarias o subcontratistas que usufructúan y se benefician con las prestaciones del dependiente, porque éstas son las empleadoras directas del subordinado, y los cedentes y contratistas sólo deudores vicarios, en la medida en que incumplan con el deber de control (ver art. 30, LCT).

[1:] Conforme López, Justo; Centeno, Norberto O. y Fernández Madrid, Juan C.: "Ley de contrato de trabajo comentada" - Ed. Contabilidad Moderna - 1978 - T. I - pág. 242; ver CNTrab. - Sala II - 27/3/1985, "D’Arruda, Daniel P. c/Leska SA y otro" - DLE - Nº 136 - diciembre/96