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La
noticia del día es la citación del ex presidente de la Nación, Carlos
Saúl Menem, a prestar declaración indagatoria en la causa de las armas,
como presunto jefe de la asociación ilícita.
Posiblemente
estemos a punto de presenciar algunos hechos memorables, que nuestros
nietos nos pedirán les contemos una y otra vez, junto al fuego, en los
largos inviernos del siglo XXI.
Más
allá de las resonancias procesales de esta citación (que dejaré a
lectores de Legalmanía mucho más avezados que yo en Derecho Penal y
Procesal Penal) interesa destacar su notoriedad en un contexto en el que
–por lo general- ningún político argentino ha sufrido condenas legales
por sus actos. Además, se involucra ni más ni menos que al mismísimo
Menem.
Los
primeros aplausos, asumiendo que realmente tiene elementos de juicio para
un paso semejante, son para Stornelli, quien mantuvo viva la causa contra
viento y marea, sobreponiéndose a una notable falta de interés del
Juzgado Federal que le había tocado en suerte, y que ahora, cumpliendo
con su juramento, ataca a quien cree responsable de un delito, sin reparar
en el peso de su nuevo imputado.
Sigue
la Cámara Federal, que en su momento aceptó en encuadramiento en la
figura de asociación ilícita, asumiendo el "costo político"
de la eventual detención de algunos de los renombrados personajes en
cuestión.
Habría
habido un tercer aplauso para el actual gobierno. Pero no se lo vamos a
dar.
Digno
habría sido de mérito si hubiera sido el gobierno mismo, en cumplimiento
de sus múltiples y hasta ahora fallidas promesas electorales, quien
hubiera impulsado la investigación, proporcionado elementos de juicio y
demás para esclarecer la verdad de los hechos.
No
hizo tal cosa, pero aún habría seguido mereciendo aplausos si, como
parecía, se mantenía ajeno y respetuoso de las independencias judicial y
del Ministerio Público. Esto en nuestro país, es muchísimo. Pero...
tampoco lo hizo. La primera declaración de De la Rúa es para expresar su
“preocupación” y destacar a diestra y siniestra que ni él ni su
partido tuvieron que ver en este impensado giro de los hechos.
Es
claro: los políticos en Argentina no van presos nunca. Tal vez, por
alguna equivocación, o simplemente para calmar algún reclamo popular o
mediático, pueda quedar detenido algún “empresario” cercano a los
políticos: Dadone, Emir Yoma, Alderete, Fassi Lavalle... ¿políticos?
Jamás.
Habrá
honrosas (más bien deshonrosas) excepciones a nivel municipal o de
terceras y cuartas líneas: se logró la condena de Pico únicamente
porque se logró mantener la causa lejos de Comodoro Py y fue investigado,
juzgado y condenado en los Tribunales Ordinarios.
Pero
políticos, lo que se dice "políticos"... difícil. Casi tan
difícil como que vaya preso algún juez cercano a las marañas
gubernamentales. Caerá algún coimero menor y desfachatado, del estilo de
Wowe o Trovato. Pero los peces gordos siguen nadando y probablemente
cobrando buenos sueldos durante sus prolongadas latencias a la Oyharbide.
El
peligro de la situación de Carlos Menem aviva otra clase de
especulaciones, pues no es de los que se entregan fácilmente. Siempre se
dijo que uno de los motivos por los que los políticos no iban presos es
porque sabían demasiadas cosas de los restantes, tanto de sus partidos
como de los ajenos. Y que si se detenía a alguno de los más informados,
corríaserios riesgos hasta el más pintado.
Por
ahora, a seguir atentos.
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