La agresión contra el ex torturador en una confitería el jueves 13 de julio y la fundamentación retributiva de la pena según Gunter Stratenwerth.		+ Opine sobre la nota + Recomiende esta nota

El "Turco Julián" seguramente jamás oyó hablar del jurista alemán Gunter Stratenwerth, teórico del derecho penal y respetuoso de los derechos humanos. Tampoco este último habrá tenido noticias sobre el ex represor, acusado, entre otros crímenes, de secuestrar a un hombre paralítico, de torturar con cables pelados a los detenidos de los centros clandestinos "El Banco", "El Olimpo" y "Club Atlético", y de asesinar a un hombre en una brutal sesión de tortura por el hecho de ser judío.

Sin embargo, el jueves 13 de julio, cuando un grupo de manifestantes propinó una paliza en un bar de Congreso a Julio Simón, alias "el Turco Julián", las ideas que Stratenwerth había escrito en su tratado de Derecho Penal parecieron proféticas. Sin abandonar sus dudas sobre la validez de la fundamentación retributiva de la pena, el alemán reconoció: "La necesidad de retribución, como se ve en el caso de los delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa la administración de justicia penal, estaremos siempre frente a la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch".

Cuando el Estado no ejerce su monopolio en la administración de justicia, puede instalarse una sensación de impunidad entre los ciudadanos que finalmente conduzca a la aplicación de la justicia por mano propia. Esta situación, como es obvio, constituye una grave amenaza para cualquier estado de derecho.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, así como el indulto dictado por Carlos Menem a favor de los militares, lejos de pacificar a la sociedad y cerrar viejas heridas, instalaron una sensación de impunidad. El Estado resignó su rol de administrador de penas, y parte de la sociedad reaccionó inventando castigos alternativos a los previstos en la ley. Así surgieron los "escraches" organizados por la agrupación H.I.J.O.S., las palizas públicas al torturador Alfredo Astiz, el repudio en un restaurante al ex almirante Emilio Eduardo Massera.

Por otra parte, comenzaron a buscarse resquicios legales para aplicar nuevos castigos a través de la Justicia. En las causas sobre robos de bebés durante la dictadura, los organismos de derechos humanos encontraron un mecanismo legal para encarcelar a parte de los jerarcas que habían sido indultados.

En los "juicios de la verdad", en cambio, se citó a los militares como testigos, y, en algunos casos, se los encarceló cuando se negaron a declarar.

Los acontecimientos del jueves y las presiones militares contra los juicios de la verdad en las últimas semanas desmienten que se trate de temas del pasado. La sociedad grita lo que algunas leyes callan.