Notas fundamentales para comprender el alcance y origen de esta medida.		+ Opine sobre la nota + Recomiende esta nota

El pasado 3 de julio de 2000 el juez Carlos Liporace dictó el procesamiento de la empresa SEVEL S.A., por contrabando de exportación de autopartes a Uruguay, desde donde luego se ingresaban automóviles armados con aquellas mismas autopiezas con un arancel diferencial bajísimo, que en realidad no correspondería aplicar. Asimismo mandó trabar embargo sobre bienes de la procesada por 38 millones de pesos.

Cabe aclarar que el Derecho Penal Aduanero argentino, regido por el Código Aduanero, contempla la posibilidad de procesar personas jurídicas. El devenir de la causa puede terminar en la cancelación de la inscripción de Sevel como importadora y exportadora e incluso en la cancelación de su personería jurídica.

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro.7, del que Liporace se encuentra interinamente a cargo debido a que su titular (Guillermo Tiscornia) se encuentra suspendido por el Senado de la Nación.

Esta causa se emparentaría con la que involucra a CIADEA (Renault en Argentina) y Manuel Antelo por contrabando de kits de autopiezas al Uruguay. Según se les imputa, CIADEA se beneficiaba con reintegros pues los "exportaba" al Uruguay con carácter definitivo. Pero en este país se "armaban" autos con estas mismas autopartes y luego se ingresaban a Argentina con un arancel bajísimo del 2% (mucho menor al que corresponde a autos importados). En esta causa en su momento se dictó un sobreseimiento en primera instancia, luego revocado en Cámara (Sala B) en el recurso de apelación planteado por la fiscal.

Este expediente fue luego remitido a Córdoba, donde se tramita otra causa con idéntico objeto procesal. Allí la Cámara Federal revocó en dos oportunidades sendos sobreseimientos de primera instancia y procesó a CIADEA y a Antelo. Para la anécdota periodística, el embajador francés –enterado de la situación- fue a visitar al gobernador De la Sota y luego, en Buenos Aires, fue recibido por el Consejo de la Magistratura e importantes funcionarios del Poder Ejecutivo.

Pues bien, el origen de la causa contra Sevel, sería una afirmación de Antelo en dicho sumario, en el que habría señalado que esta empresa realizaba la misma operatoria que CIADEA.

Esto fue enviado por el Tribunal federal de la provincia mediterránea a Penal Económico de la Capital Federal, radicándose el expediente en el mencionado Juzgado Nro.7 en el que, estando a cargo Tiscornia, la fiscal debió reiterar en varias oportunidades sucesivos pedidos de indagatoria a Franco y Mauricio Macri y a Blanco Villegas, entre otras autoridades y responsables de Sevel. Tras diversos avatares procesales, finalmente la Cámara revoca una resolución de falta de mérito dictada por Tiscornia a favor de tres gerentes de Sevel, tras lo que en primera instancia se procesa a Franco Macri y otros funcionarios de la empresa y se dicta la falta de mérito en relación a Mauricio Macri y Blanco Villegas. Esta última resolución se encuentra a estudio de la mencionada Sala B de la Cámara en lo Penal Económico.

En cuanto a Sevel, tras la venta de la empresa a inversores franceses (entre ellos el mismo gobierno galo), un representante local de la firma presta la declaración indagatoria que culmina en el procesamiento que estamos comentando.