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Un juez federal norteamericano
no vaciló en declarar que Microsoft incurrió en conducta monopólica. El imperio de la
ley por sobre los intereses particulares, caiga quien caiga. |
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Más allá de lo impactante
que resulta la noticia que hoy reflejaron todos los medios, existe una lectura desde el
punto de vista del Derecho que no podemos dejar de resaltar.
Microsoft, todos sabemos, es (o
era) la compañía más valiosa de la Tierra, si entendemos que el valor de una empresa
equivale al producto de la cantidad de acciones emitidas por su precio de cotización.
Microsoft es, además, William
Henry Gates III, su fundador y alma mater, que ha logrado conservar el 15% del capital de
su empresa.
Este señor de 44 años es el
arquetipo del sueño americano: a los 17 años de edad vendió su primera computadora en
algo más de 4.000 dólares, a los 19 años fundó Microsoft, a los 30 años era el
multimillonario más joven y, poco después, fue el hombre más rico del planeta.
Una actitud recurrente en la
conformación del modelo estadounidense de normas y valores es la difusión de las
historias personales de quienes comienzan de la nada y llegan a construír un imperio
industrial o comercial. Son los modelos a seguir. Como Chrysler, cuyo fundador trabajaba
en el tendido de vías de ferrocarril junto al padre de Walt Disney, o éste mismo. Son
los ejemplos que demuestran que en ese país reina la igualdad de oportunidades: sólo
basta el esfuerzo y la creatividad para hacer fortuna.
Bill Gates es también
políticamente correcto: casado, una hija a la que dedica buena parte de su tiempo, le
encanta trabajar con gente joven, paga los sueldos más altos, ha donado o prometido donar
miles de millones de dólares para obras de caridad. Merece ocupar su lugar entre los 100
individuos más relevantes de la historia de la humanidad, si de producir cambios se
trata.
Bill Gates logró que las
computadoras dejaran de ser un artículo reservado para las corporaciones y las colocó en
los escritorios de todos quienes quisieran tenerlas, en oficinas y en hogares. Diseñó
los dos sistemas operativos más exitosos de la historia: D.O.S. y Windows, permitiendo
además con este último que hasta el menos dotado pudiera manejarse con comodidad frente
a un ordenador. De hecho, es la difusión de la computadora personal lo que posibilita,
años más tarde, la llegada de Internet tal como hoy la conocemos, y todo lo que resta
por ver en el futuro.
Microsoft, Windows, Internet
Explorer, directa o indirectamente, son sinónimos de libertad, capacitación, mejora de
la calidad de vida.
Y, para el gobierno y la sociedad
norteamericanos, una fuente incalculable de ingresos. Basta pensar solamente en lo que
obtienen de regalías, de impuestos a las ganancias, de impuestos por cada transacción
que involucra una computadora, un programa, un CD rom o un insumo para computación...
Pero cuando llegó el momento de
evaluar si la empresa de Bill Gates estaba incurriendo en una conducta
monopólica, nada
de esto le sirvió de mucho. Pasado un período de negociación, frustrada, un juez
federal así lo determinó.
No fue el Presidente, ni el Senado,
ni el Congreso, ni el Pentágono: un simple juez federal que no ha hecho más que aplicar
la ley, sin mirar la cara, ni la cuenta bancaria, ni el curriculum del personaje al que
estaba juzgando.
Resulta indudable que los EE.UU.
nos han vuelto a dar un buen ejemplo, digno se ser seguido por todos los países
latinoamericanos, sin excepciones: nada, ni nadie, puede ser colocado por encima de la
ley.
Siempre nos ha resultado más
fácil y llevadero atribuír nuestros pesares a la conducta dañosa y abusiva de los
países "centrales" y a oscuras conspiraciones internacionales. No es mi
intención discutir ahora sobre la realidad y alcance de tales cosas.
Pero bueno sería que alguna vez
desplazáramos el foco de nuestra reflexión hacia adentro y nos preguntáramos cuánto
mejor estaríamos todos si realmente nos sometiéramos al imperio de la ley y la
constitución. Si todos acatáramos las reglas que nosotros mismos hemos acordado para
regir nuestra conducta y si lográramos que nuestros jueces, fiscales y funcionarios
judiciales apliquen la ley sin distinciones.
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