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Por Félipe Nicolás Yaryura Tobías
21/11/00
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Hace pocos días el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, estableció su postura para solucionar el problema de la villa de emergencia 31, situada en el barrio de Retiro. |
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Para los que no viven en Buenos Aires: Retiro es una de las zonas más cotizadas de la capital argentina. En su área de influencia conviven el 90% de los hoteles de cinco estrellas, los principales edificios de oficinas, las viviendas más caras y tradicionales y algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
Pero desde hace algunos años, se asienta también en su corazón una villa de emergencia: un humilde barrio de casas de chapas en el que viven hacinados miles de habitantes que padecen un nivel extremo de pobreza. La conocida Villa 31.
La permanencia en el tiempo de este asentamiento llevó al gobierno del presidente Menem a donar (más preciso sería hablar de reconocer, habida cuenta de la persistencia en el tiempo) a los habitantes de la Villa 31 las tierras en las que la misma se encuentra enclavada.
Pero como una muestra más de las usuales contradicciones viscerales de la política latinoamericana, a los pocos meses de concretado semejante hecho, el delegado del mismo gobierno menemista, el ex-intendente Jorge Domínguez, comenzó una campaña tendiente a lo contrario: a erradicar, muchas veces por la fuerza, a los habitantes de la villa con el propósito de permtir la construcción de una autopista.
La movilización de diversas organizaciones del llamado tercer sector, con la colaboración de algunos políticos del Frepaso, impidió la concreción de semejante designio.
Y hoy es un dirigente del Frepaso, en alianza con la Unión Cívica Radical, quien gobierna la ciudad y debe encontrar una solución a este problema.
Volvemos entonces al inicio: ¿qué es lo que propone Aníbal Ibarra?
Su postura parte de algunos presupuestos harto aceptables, amén de evidentes: no controvertir la propiedad de las tierras (lógico), promover la construcción de edificios de viviendas para esos mismos habitantes (mejorando su calidad de vida), facilitarles el pago de esas construcciones con créditos blandos (claro que de otro modo no podrían hacerlo) pero procurar que el diseño urbano del barrio resultante se adecue a la fisonomía que se pretende para la zona. En otras palabras, en lugar de levantar 7 u 8 monoblocks de hormigón que luego se vuelven, además de horrendos, incontrolables, propone Ibarra un barrio de edificios bajos, bien urbanizado.
Creo que éste seria el final feliz: cada habitante de la villa con su propia vivienda, a la que todos, a través del crédito, hemos ayudado como ciudadanos a construír. Creo también que esta política podría complementarse con algún régimen de intransferibilidad por algunos años, a fin de impedir especulaciones inmobiliarias de terceros y a la vez no limitar los derechos de propiedad de los habitantes.
Pero no todas son rosas: al poco tiempo de lanzada la idea, varios medios de prensa, al principio tímidamente y luego sin tantos refrenos, plantean algunas objeciones: ¿por qué en Retiro? ¿por qué los habitantes de la villa 31 accederían a una vivienda más rápido que otros sectores de la población? ¿por qué no trasladarlos en masa a otro lugar? ¿por qué poner en riesgo nuestro querido Retiro?
Y en esta columna quisiera responder a algunos de estos interrogantes.
· El barrio debe levantarse en Retiro, fundamentalmente, porque esa tierra les pertenece. Se la hemos donado entre todos los argentinos a través de un gobierno democrático. Y repito: donado suena mucho a reconocido. Punto.
· A ellos porque es hora de comenzar a combatir la pobreza y la falta de vivienda en algún lugar y de alguna manera. El argumento por qué a ellos y no a otros lo único que logra es paralizar cualquier iniciativa.
· No se puede trasladar en masa a decenas de miles de marginales, contra su voluntad. En primer lugar, porque la sola propuesta es un disparate. En segundo lugar, porque trae horribles reminiscencias de tiempos no muy lejanos, en que los pobres eran llevados de una provincia a otra como ganado. Y en tercer lugar, porque salvo que estemos pensando en algún punto del centro de Chubut- creo que los futuros vecinos de los ex villa 31 tendrían algo para decir.
· Finalmente, Retiro no se pone en peligro. No veo por qué motivos alguien podría pensar que es preferible un conjunto de casas de chapa a un barrio de edificios de vivienda bajos y recién edificados. La pobreza es parte de Argentina y el mejor modo de erradicarla es dejar de mirar para otro lado. No vaya alguno a creerse que los pobres existen sólo si se los tiene a la vista.
En fin, parecería que el principal argumento contra el proyecto de Ibarra es que los pobres son feos y como tal no parece muy sólido. En lo personal, mucho más feo me resulta quien es capaz pudiendo evitarlo- de dejar miles de familias viviendo en casas de chapa.
Creo que la inmovilidad general frente al escándalo de las coimas masivas en el Senado obedece más al estupor que a la falta de indignación.
Pero a no sorprenderse: ésta es tan solo otra de las múltiples batallas que día a día la burocracia viene ganando contra la sociedad civil.
Los países democráticos fueron pensados de otra manera: los gobiernos están al servicio del pueblo.
En esos países, es la sociedad civil la que produce, trabaja, cría hijos, los educa, progresa, construye caminos, siembra los campos, fabrica juguetes y automóviles, o los importa, atiende los problemas de salud, instala parques de diversiones y filma películas de cine.
Los gobernantes, en esos países, tienen por única finalidad y propósito mantener un entorno legal ordenado para que la sociedad civil pueda hacer en paz. Sólo se dedica a las cosas que la sociedad civil no puede hacer de un modo razonable porque no encontró el camino aún. No se apropia de los frutos del trabajo de la sociedad civil, sino que recauda lo mínimo indispensable para asegurar su funcionamiento, su libertad y condiciones de desarrollo razonables (educación, salud) para quienes no pueden acceder directamente a las mismas.
Más aun: dentro de poco los políticos dejarán incluso de tener a su cargo estas tareas solidarias, porque la sociedad civil está aprendiendo a llevarlas a cabo mejor que el gobierno, a través de lo que hoy se denomina el tercer sector.
En esos países, los gobernantes son servidores públicos, con muchas obligaciones y muy poquitos derechos, al extremo de que el cargo que ocupan los priva incluso de algunos tan elementales como la privacidad.
En los Estados Unidos, por más que un presidente demuestre ser el mejor del siglo tendrá que soportar la ordalía judicial y mediática si mintió en un tema tan íntimo y trivial como un eventual affaire extramatrimonial. En Gran Bretaña, el hijo del primer ministro puede ir preso si bebió en exceso. En España, incluso un gobernante capaz de duplicar o triplicar el PBI y reinstalarla en el mundo moderno puede ser condenado al ostracismo si no logra explicar desvíos de fondos (cómicos al lado de los que hoy vemos por estas latitudes) atribuídos a miembros de su administración.
Nada de esto sucede en América Latina y menos aún en Argentina.
En nuestro país, en lugar de servidores públicos, tenemos una burocracia informe y expandida, cuya principal finalidad es preservarse a sí misma. Es una burocracia alimentada por políticos que a su vez se sostienen en ella. Es un burocracia que acepta sobornos para no hacer lo que debe y, horror, también los pide para hacer lo que sí debe.
Esa burocracia logró incluso legalizar su apartamiento de la ley y la moral, estableciendo normas tales que permiten al Estado, cuando es condenado en un juicio (generalmente tras un largo, caro y penoso proceso) diferir el cumplimiento de la sentencia para uno ó dos años más adelante, con pretextos macroeconómicos y presupuestarios realmente estúpidos. Esa burocracia logró detener el pago de juicios a cientos de miles de jubilados y pensionados, la mayoría de ellos con más de 70, 80 ó 90 años de edad.
Esa burocracia no está al servicio de la sociedad, sino que la esclaviza. Es una burocracia capaz de utilizar sus atribuciones tributarias para investigar y perseguir a quienes se rebelan contra ella, en lugar de encarcelar a los responsables de evasiones escandalosas y contrabandos a plena luz del día.
Es la burocracia que no le paga a Favaloro 20 millones de dólares y lo lleva al suicidio. Y obliga a un decano de la Facultad de Medicina de la UBA a renunciar ante la imposibilidad de ser siquiera escuchado.
Para lograr semejante estado de cosas, la burocracia cuenta con dos aliados:
El primero de ellos son los monopolios. Pero no cabe hacerles un reproche moral. Son como en el cuento del escorpión que, montado en un caballo para atravesar un río, lo pica en la mitad del trayecto incluso a costa de ahogarse él mismo: lo hace porque está en su naturaleza. Pues bien, está en la naturaleza de los monopolios sacar el máximo provecho, impedir la competencia y cobrar la tarifa más cara posible. A esos monopolios les viene muy bien el control burocrático de la sociedad civil, pues, negociando y negociando, lograron cobrar durante 10 años las tarifas telefónicas y eléctricas más caras del mundo occidental. Generalmente, son los gobiernos quienes se encargan de limitar estos monopolios. Aquí no: son sus amigos y beneficiarios.
El segundo aliado es la posmodernidad misma, en la que lo único que importa soy yo, yo, yo y tal vez- mi familia. Nadie es capaz de sacrificar su comodidad y confort actual por sus semejantes. Al revés: veamos cómo hacemos para acomodarnos en la burocracia o en los monopolios para ganar (¿ganar?) cada vez más mientras a nuestro alrededor crece la pobreza, la desocupación, la miseria, la delincuencia y la inseguridad.
Vamos mal.
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