EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE

Por Silvina Quintans
25/10/00

"Si algún policía tortura, lo mato de un tiro por la espalda". La frase, que no pertenece a un vengador anónimo, ni fue pronunciada a modo de ironía por algún actor cómico, pertenece al Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lejos de constituir una opinión aislada o marginal, el discurso es coherente con la posición que hace apenas un año expresaba el actual gobernador de la misma provincia, Carlos Ruckauf, en sus discursos de campaña: "Hay que meter bala a los delincuentes". + Opine sobre la nota + Recomiende esta nota + Ver encuesta + Julio César Strassera + La pena de muerte en el mundo + Casos de pena de muerte + Humor y pena de muerte en las elecciones en Estados Unidos Estas palabras avalan un concepto más peligroso aún que la pena de muerte, que por definición se aplica en el marco de una legislación y de un proceso penal. Las frases citadas revisten gravedad dado que los propios funcionarios del Estado, que deberían ocuparse de garantizar la condena con juicio previo, estimulan ante el electorado la justicia por mano propia.

	Dentro de este marco, durante misma campaña electoral, el intendente de Escobar y ex represor Luis Patti se manifestaba en un reportaje publicado por el diario La Nación a favor de la pena de muerte "para la violación seguida de muerte, el secuestro extorsivo y para traficantes de droga".
	La idea de la pena de muerte, siempre presente en las campañas electorales, había sido tomada en 1989 por el entonces candidato Carlos Menem, que reclamaba a viva voz "pena de muerte contra los narcotraficantes". Ya en la presidencia, pidió la misma pena contra los secuestradores de
Guillermo Ibáñez, mientras el entonces embajador ante las Naciones Unidas Julio C. Strassera, tal como lo relata en el reportaje publicado por Legalmanía, votaba por la aprobación del Protocolo Facultativo II del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el que se prohibía la aplicación de la pena capital.

Los argentinos frente a la pena de muerte

Según una encuesta publicada recientemente en el diario La Nación, el 48% de los argentinos se opone a la pena de muerte, frente a un 44% que se muestra a favor.

Más allá del oportunismo electoral con que se maneja el tema del endurecimiento de las penas, la sociedad argentina oscila entre la demanda de "mano dura" y el temor a los excesos policiales. Frente a una presunta ola de violencia producida por la exclusión social de sectores cada vez más amplios, los políticos suponen que la gente reclama penas más severas. La idea de que la violencia se soluciona con más violencia está implícita en el discurso ya citado del Jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires y ha tenido una triste trayectoria en la década del '70.

De todos modos, la aplicación de la pena de muerte tiene solo una breve tradición jurídica en la Argentina. Actualmente está prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica y por el Protocolo Facultativo II del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que, según la reforma de 1994, han sido incorporados a nuestra Constitución.

En el siglo XIX la pena de muerte estaba prevista para delitos comunes. La Primera Junta ordenó múltiples ejecuciones por razones políticas, entre ellas, la de Santiago de Liniers. En 1917 la pena de muerte fue abolida por el Código Penal. Durante el gobierno de Juan Carlos Onganía se reestableció a través de la ley 18.701 para los casos de secuestro seguido de muerte y de ataques contra transportes y dependencias militares. En 1971 fue incorporada al Código Penal, pero fue derogada un año después por el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse. La dictadura militar de 1976 la reimplantó (ley 21.338) para casos de secuestro seguido de muerte.

A pesar de estos intentos de reestablecerla, la pena capital sólo se aplicó una vez durante el siglo XX -lo que muestra la reticencia de los jueces- y siempre fue unánimemente rechazada por la doctrina.

Con el arribo de la democracia en 1984 la pena de muerte fue derogada y luego prohibida su aplicación con la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional.

No obstante, y más allá de la imposibilidad jurídica de aplicarla en nuestro país, el debate resurge durante las campañas políticas y cada vez que se discute el endurecimiento de las penas.

La pena de muerte generalmente se asocia a la idea de disuasión. Según esta idea, la ejecución del criminal tendría un efecto ejemplificador sobre potenciales delincuentes. Esto implicaría que a penas más graves correspondería un menor índice de criminalidad.

No obstante, esta ecuación jamás se cumple. Es difícil imaginar que un delincuente piense antes de cometer el delito en la pena que se le aplicará si es apresado. En los Estados Unidos, Florida estableció la pena capital en 1979 y en los años siguientes el índice de homicidios fue de los más altos que se tenga memoria. Lo mismo sucedió en el estado de Georgia, donde al año siguiente del restablemiento de la pena de muerte la tasa de homicidios se incrementó en el 20 por ciento.

El jurista Eugenio Zaffaroni, afirma en su " Manual de Derecho Penal": "no hay país del mundo donde la comninación penal de la muerte haya tenido eficacia alguna sobre el desarrollo de su criminalidad, salvo que se haya prodigado de tal forma que repugne a la más elemental consideración de la dignidad humana".

Otro de los argumentos de quienes defienden la pena de muerte sostiene que el Estado no debería "subsidiar" la vida de criminales inútiles para la sociedad.

No obstante, y más allá de que el argumento se basa en una mera variable económica, se ha comprobado que los juicios en los que se aplica la pena capital representan un altísimo costo económico para el Estado. En estos procesos, que duran más años que un juicio común, las apelaciones se multiplican y las presentaciones judiciales se reproducen. En el estado de Texas, cada ajusticiamiento termina costando entre dos y tres millones de dólares al Estado.

Ningún país ha podido evitar la ejecución de personas inocentes. Los países desarrollados como Estados Unidos no han estado exentos de graves errores judiciales. Un equipo de estudiantes coordinados por el profesor de periodismo David Protess ha logrado evitar, a través de sus trabajos de investigación, numerosas ejecuciones de personas inocentes. En general se trataba de procesos judiciales irregulares, basados en testimonios endebles o mal defendidos por los defensores oficiales.

En estas condiciones, la pena de muerte recae sobre las personas de menores recursos económicos o sobre las minorías raciales que no cuentan con una buena defensa.

En los Estados Unidos al menos 54 personas con deficiencia mental han sido ejecutadas y los acusados negros tienen cuatro veces más posibilidades de recibir la pena de muerte que los blancos.

El Juez Douglas de la Suprema Corte estadounidense describía así las injusticias del sistema en su voto de 1972 contra la pena de muerte: "una ley que prescribiese la exclusión de la pena de muerte para los ciudadanos que gozasen de una entrada anual superior a los 50.000 dólares, sería igualmente rechazable que una ley que, en la práctica, reserva la pena de muerte para los negros, para los que no han superado el quinto año de escolaridad, que no ganan más de 3.000 dólares al año o para los que son relegados sociales y mentalmente retardados"

El caso del argentinoVíctor Saldaño condenado a muerte en el estado de Texas por el asesinato de un vendedor de computadoras es un claro ejemplo de discriminación. El 5 de junio de 2000 la Suprema Corte de los Estados Unidos revocó la pena, ya que se había basado en el informe de un psicólogo clínico que había estimado ante el jurado que "estadísticamente los negros y los hispanos son más agresivos y están sobrerepresentados en el sistema carcelario".

De este modo, la aplicación de la pena de muerte no sólo resulta injusta, también vulnera el elemental derecho a la vida. Adelantado a su tiempo y contrario a la ley del talión, San Agustín anticipó hace siglos: "Es una soberbia absolutamente intolerable que el hombre constituido en autoridad disponga de la vida de sus semejantes" (San Agustín, Obras, XV, 87).

Foro sobre la Pena de Muerte

Según un informe de Amnesty International, actualmente la pena de muerte se aplica en 95 países. Más de cincuenta países la han abolido, 15 la permiten solo en casos excepcionales y 26 estados la tienen pero no la han aplicado en los últimos 10 años.

Alemania Federal la ha desterrado de su legislación en forma absoluta. Italia la mantiene solo en la legislación militar. Canadá, Portugal, Inglaterra y Francia también la han eliminado de sus legislaciones.

En Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia la consideró inconstitucional en 1972, aunque cuatro años después modificó su posición y fue restableciéndose en distintos estados. Volver a Nota

En Alabama, el 22 de abril de 1983, John Evans recibió una descarga en la silla eléctrica, tras la cual saltaron chispas y comenzó a arder una de las correas que amarraba sus piernas. El humo invadió la sala de ejecución. Dos médicos ingresaron para corroborar la muerte del condenado, pero su corazón aún latía. Se lo sometió a un nuevo shock, pero continuó vivo. La tercera descarga terminó con él.

El 1º de abril de 1997 David Lee Herman, condenado a morir al día siguiente, intentó suicidarse cortándose el cuello con una hoja de afeitar. Para que no muriera desangrado los guardias de la cárcel de Huntsville, Texas, lo llevaron a la enfermería para coserlo. A la mañana siguiente se le aplicó una inyección letal.

Gracias a un equipo de investigación formado por estudiantes de periodismo y dirigido por el profesor David Protess, los condenados a muerte Anthony Porter, Dennis Williams y Verneal Jimerson lograron escapar de la pena capital por crímenes que no habían cometido. Habían sido condenados a muerte por un sistema judicial deficiente.   Volver a Nota

En la última emisión del popular programa cómico Saturday Night Live un actor que lo personifica aparece cazando en un bosque junto a su padre, el ex presidente George Bush. El candidato, que según los chistes locales carece de luces, mataba ciervos diciendo que eran como "los presos que ejecutamos en Texas". La parodia terminaba con el padre apuntando hacia el hijo y dudando si hacía un último servicio a la patria.   Volver a Nota