Informe anual oficina de fiscales de circuíto de Saavedra/Nuñez

A pesar del concepto altamente positivo que esta nueva concepción merece entre abogados, jueces y -sobre todo- entre la comunidad de la zona; a pesar de las incontables menciones favorables que recibe en cuanto ámbito se debate sobre los diferentes modelos posibles de prevención e investigación criminal; a pesar de todo e increíblemente, el Congreso se encuentra tratando un proyecto de ley que no contempla la continuidad de la Fiscalía de Saavedra.

¿Por qué las cosas nos resultan siempre tan difíciles a los argentinos?

¿Por qué cada vez que nos proponemos hacer algún cambio y comenzamos a instrumentarlo con éxito, al poco rato la vieja política se entromete para entorpecer y dificultar las cosas?

En la escuela nos enseñaron que no debemos ser malpensados, pero ¿qué cabe suponer cuando vemos que nuestra vieja corporación política, sin dar razón alguna, repentinamente se propone discontinuar el plan de descentralización de la actividad de los fiscales penales?

Con el viejo sistema de asignación de Fiscalías de acuerdo al régimen de turnos, cada una de las 50 existentes en la Capital Federal entraba en turno quince días cada dos meses, siempre con comisarías diferentes.

Las dos consecuencias matemáticas son que cada barrio tiene a lo largo del año 24 fiscalías diferentes y que, una vez que termina el turno, cada fiscalía "volverá" a un barrio determinado, en el mejor de los casos, al cabo de dos años.

Enumerar los déficits que este sistema presenta en cuanto a prevención e investigación llevaría un largo rato. Ni hablar de la falta de contención que importa para la ciudadanía en general, que no tiene contacto alguno con las fiscalías.

El sistema de descentralización implementado en Saavedra hace ya casi 3 años se propuso remediar algunas de aquellas falencias, llevando (literalmente) la fiscalía al barrio.

Los vecinos ya no tienen que concurrir a la zona de Tribunales, sino que tienen a sus fiscales al alcance de la mano. Las comisarías los conocen y ellos conocen al personal policial que revista en las mismas. Fue posible construír bases de datos y de estadísticas y recurrir a medios técnicos nunca antes usados en nuestro país para prevenir el delito e identificar a los responsables. Se redujeron porcentualmente el número de causas de NN que fenecían sin imputado alguno, las contumacias... Y, lo más importante, los propios vecinos de Saavedra apoyan este modelo y lo respandan.

(Por separado publicamos el informe anual de la Fiscalía, en el que el lector interesado podrá profundizar en el tema).

Como se trataba de algo que funcionaba y de una verdadera reforma y no un mero maquillaje, cada funcionario que tenía la oportunidad de referirse a este modelo de trabajo lo hacía elogiosamente, prometiendo implementarlo también en otros barrios de la Ciudad.

Pero las cosas no se dieron finalmente de tal modo.

La Fiscalía de Saavedra necesita imperiosamente que su status adquiera fuerza legal, superada ya -positivamente- la etapa meramente experimental.

Fue así que se presentó un proyecto de ley que le otorgaba rango legal y, a la vez, creaba otra Fiscalía, en el barrio de La Boca.

Pero algo sucedió y el proyecto que actualmente se está tratando en nuestro Congreso Nacional sólo contempla la creación de esta última, ignorando por completo a la primera.

Paradójicamente, entre los fundamentos del proyecto se consigna que "...se cuenta ya con el antecedente favorable de la experiencia piloto llevada a cabo en el Barrio de Saavedra, donde se cuenta con cifras alentadoras en cuanto a la eficacia de esta metodología para reducir los índices delictivos, al compenetrarse los fiscales con las características especiales de las modalidades delictivas barriales, permitiendo el diseño de mapas del delito, desarrollo de líneas de investigación y la inmediación con los vecinos y los testigos".

No se comprende entonces cómo resulta posible que la labor de la Fiscalía de Saavedra haya sido lo suficientemente buena como para motivar su réplica en otros distritos, pero no tanto como para reconocerle a ella misma su propio status legal.

Se pone así en riesgo su subsistencia, que continuará dependiendo de la voluntad de determinados funcionarios y sufrirá la capiti diminutio emanada de la mera existencia de otras oficinas equivalentes pero con origen legal.