Una característica de la Administración Pública es la gran cantidad de funcionarios de origen político que ocupan los diferentes cargos que componen el inmenso organigrama estatal.		+ Opine sobre la nota + Recomiende esta nota
Desde los funcionarios de la Presidencia de la Nación, hasta el más pequeño de los organismos descentralizados. Similar situación se repite en las provincias y municipios.

Aceptando que algunos cargos deban ser ocupados por funcionarios con militancia política, a fin de preservar la necesaria dosis de poder para gobernar,  la elección de quienes ocupan los puestos subalternos, seguramente se hace sin evaluar en profundidad las condiciones y conocimientos específicos que la posición requiere. Mucho menos se le deben hacer los tradicionales exámenes psico-técnicos, tan comunes en la actividad privada, que permitan detectar por ejemplo, su capacidad de conducción, su comportamiento ante situaciones de conflicto, su habilidad para planificar y administrar recursos, su manejo de las relaciones interpersonales, es decir, todo aquello que evalúa la actividad privada antes de incorporar a una persona que tendrá a su cargo personal, recursos y la toma de decisiones, y que permite optimizar la elección del postulante, para a su vez optimizar la gestión a realizar.
Este vicio de la Administración Pública da como resultado que quienes son nombrados para ocupar dichos cargos, generalmente no satisfacen los requisitos mínimos que debieran tener. En otras palabras, si fueran elegidos con los criterios que se usan en la actividad privada, no pasarían los filtros de la selección previa.
La principal, y a veces única condición con la que son nombrados la gran mayoría de los funcionarios, es su status político, su antigüedad como afiliado al Partido, su parentesco. Los resultados, que están a la vista, no pueden ser otros que la improvisación, la incapacidad, la ineficiencia. A lo que se suma la soberbia de creer que en el corto plazo en que les tocará actuar, solucionarán todos los problemas, con su única verdad, despreciando lo hecho por los funcionarios políticos que los precedieron e ignorando los conocimientos y experiencia de los funcionarios de carrera.
Dentro de este panorama, los últimos días se tuvo conocimiento de la situación en que se encuentra la Orquesta Sinfónica Nacional. Esta agrupación, de casi 52 años de vida, está, una vez más, navegando en el mar de la burocracia administrativa, azotada por las olas de la improvisación y la ineficiencia.
Agrupación que por sus características debiera estar por encima de cualquier bandería política ya que tiene un objetivo claro y sencillo: ofrecer al público la calidad de sus interpretaciones. Requiere de una planificación previa de sus presentaciones, y la asignación del presupuesto correspondiente. Nada más. El resto depende de sus miembros, de su técnica y su pasión por la música.
Sin embargo, la burocracia e ineficiencia de los funcionarios de turno han logrado que algo simple se transforme en otra triste comedia de absurdos. De un presupuesto de 600 mil pesos, se le adeudan 200 mil; no tienen un lugar apropiado para ensayar: el piso 11° del Teatro Nacional Cervantes es un “infierno en verano y el polo en invierno”, siempre y cuando puedan llegar al piso si funciona el ascensor; además, el único balcón del piso fue clausurado por problemas de seguridad.
Tiene problemas con el pago del alquiler de las partituras, con el pago de los intérpretes de refuerzo, con el pago de los solistas. Están a punto de quedarse sin un lugar para sus actuaciones.
Para tratar de entender esta irracionalidad basta con observar, por un lado, la burocracia: la Orquesta depende de la Dirección Nacional de Música, organismo dirigido por un justicialista quien ganó el cargo por concurso; la Dirección mencionada aparentemente depende de la Directora Nacional de Patrimonio, Museos y Arte, que a su vez depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Los funcionarios que dirigen estos organismos, por su origen político, no concuerdan con el Director Nacional de Música. También nos enteramos que hay una Casa Nacional de Música, que no está en condiciones edilicias adecuadas. Pero hay un subsecretario de Cultura que está a cargo de ponerla a punto. Es bastante complicado ser eficiente cuando hay tanta gente participando e interfiriéndose, aún cuando se ponga buena voluntad.
Por otro lado, la incoherencia de quienes dirigen la Secretaría de la Cultura. Embarcados en proyectos extraños, como crear un Sistema Nacional de Medios Públicos, con un presupuesto de entre 50 y 60 millones de pesos, o llevar adelante campañas de las Abuelas de Plaza de Mayo. O el Programa de Moda y diseño hecho en Argentina para el mundo.
O en organizar festivales de jazz en el sur, con el singular objetivo de promocionar el turismo en esa zona, como si las extraordinarias bellezas naturales de esos lugares necesitara de festivales para  su promoción. Para estos festivales sí hay fondos. Aunque se presupuesten 150 mil pesos y luego se terminen gastando 320 mil. Y tantas otras actividades que suenan más a cosas de momento que a Cultura, admitiendo lo difícil que es definir Cultura.  No sería más racional, si de turismo se trata, que Buenos Aires tuviera la Orquesta Sinfónica Nacional con la dignidad que se merece esta agrupación, como un polo más de atracción para quienes visitan nuestra ciudad?
La Secretaría de Cultura dispone de un presupuesto de 161 millones de pesos.
Es mucho dinero. Si lo que se pretende es mejorar la gestión, tal como se lo repite permanentemente, mantener una deuda con la Orquesta de 200 mil pesos, gastar sin mucho sentido 320 mil pesos en un festival, e inclusive mantener el famoso Canal  7, que genera un déficit operativo mensual de entre 300 mil y 400 mil pesos, no habla muy bien de la gestión ni de los objetivos.
La Argentina necesita seriedad y coherencia en todas sus áreas. Parece que en este sector, algo está fallando. Esto es sólo un ejemplo en la forma de encarar la administración de la cosa pública: la improvisación, fruto de los cargos políticos ocupados sin ningún tipo de seriedad profesional, es algo a estudiar y eliminar.
Para el tema particular de la cultura, que interesante sería que se defina de una vez por todas cual es la función del Estado, no del gobierno, en este tema tan importante. Lo que sí es fundamental es que debe quedar claro que no debe depender del voluntarismo del funcionario de turno.

(*)Fortunato J. Canevari
Ingeniero Industrial