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Apenas
pasaron unas horas desde la noticia: el fiscal Stornelli había pedido al
juez Urso la citación del ex presidente de la Nación, Carlos Saúl
Menem, a prestar declaración indagatoria en la causa de las armas.
Prácticamente
todos los históricos y no tan históricos del peronismo, con la única
excepción explícita de Eduardo Duhalde (más pudo su rencor) se
reunieron en el Congreso para demostrar fuerza y unidad tras el jefe en
momentánea desgracia.
Tres
son los ejes de la campaña ideológica anti-investigación:
El
primero, tradicional de nuestro país, lo aportó Eduardo Menem: "El
Frepaso está detrás de Stornelli". En el manual político criollo
nunca nada da tantos resultados como cuestionar la persona del ocasional
contrincante, aunque se trate del más ímprobo de los funcionarios
administrativos o judiciales o de un honesto periodista. Esta postura no
la cree ni el mismo senador, pero juega con el inconsciente colectivo
nacional que, gracias a nuestras últimas generaciones de gobernantes, no
puede creer espontáneamente que un funcionario judicial sea capaz de
llevar una causa adelante sólo porque es su deber y a ello se comprometió
el día en que asumió su cargo y juró: "algo debe traerse entre
manos, alguien lo está operando".
El
segundo, de mayor vuelo jurídico, lo propuso el Dr. Rodolfo Barra. Este
reconocido especialista en derecho administrativo remarcó que, mientras
el mismo poder ejecutivo o el judicial en su defecto o negativa, no
declaren nulo y sin valor el o los decretos en cuestión, siguen para
nuestro país siendo actos jurídicos perfectos y mal se podría condenar
a uno o más funcionarios por haber intervenido en su creación. Buen
intento. Pero con ese criterio, nunca podría instarse ninguna investigación
criminal tendiente a cuestionar el contenido de un acto instrumental
(tanto de origen normativo o estatal como, por ejemplo, una escritura pública
otorgada por particulares) sin antes atravesar el pertinente juicio civil
o administrativo. No parece ser ese el propósito de nuestro sistema
constituional, que en todos los casos privilegia los fueros y razones de
orden público, más aún si revisten ribetes penales. La eventual nulidad
(o no) de los decretos será consecuencia de la condena penal. Y no
viceversa.
El
tercer argumento, único realmente sincero, es el reclamo de no "politizar
la justicia" ni "judicializar la política". Respecto de la
primera frase, poco hay para decir. Emociona no obstante que provenga del
riñón menemista, cuando prácticamente los diez años de su gobierno
fueron acompañados de las quejas de opositores, órganos internacionales,
medios periodísticos y colegios profesionales acerca del sometimiento al
que el entonces poder ejecutivo había sometido a algunos tribunales, en
especial al fuero federal penal.
Pero
más preocupa lo segundo: ¿qué significa "no judicializar la política"?
Una lectura, impensable, es la pretensión de volver al siglo XVII y excluír
los actos y hechos del príncipe de toda clase de control. No cabe duda de
que a más de un funcionario agradaría tal impunidad (bastante la han
gozado al fin y al cabo), pero esta parece ser la interpretación "pour
la gallerié", máxime cuando viene de un cuadro de segunda línea.
Creo
que la verdadera interpretación es un velado mensaje al actual gobierno.
Mensaje que proviene de sus pares e iguales en cuanto a la integración de
la "clase" política se trata. Varias veces, en esta misma página,
hemos sostenido que los políticos argentinos tienen indentificaciones e
intereses de clase que ellos mismos ponen por encima de los del país. Por
ese motivo ellos nunca, pero nunca van presos. Puede ir a la cárcel algún
empresario cercano, o algún juez imprudente: Alderete, Trovatto, Emir
Yoma, tal vez Bernasconi u Oyharbide... pero "políticos", lo
que se dice "políticos": por ahora, difícil.
Entonces,
el reclamo de "no judicializar la política" debe más bien
interpretarse como un mensaje, recordatorio, reclamo o tal vez advertencia
del menemismo in totum (sólo faltaban el ex presidente y Kohan, quienes
jugaban al golf) a sus débiles pares radicales: no vamos a violar justo
ahora nuestro compromiso histórico de recíproca impunidad. A ver si
hablamos todos.
Posiblemente
estemos a punto de presenciar algunos hechos memorables, que nuestros
nietos nos pedirán les contemos una y otra vez, junto al fuego, en los
largos inviernos del siglo XXI.
Más
allá de las resonancias procesales de esta citación (que dejaré a
lectores de Legalmanía mucho más avezados que yo en Derecho Penal y
Procesal Penal) interesa destacar su notoriedad en un contexto en el que
–por lo general- ningún político argentino ha sufrido condenas legales
por sus actos. Además, se involucra ni más ni menos que al mismísimo
Menem.
Los
primeros aplausos, asumiendo que realmente tiene elementos de juicio para
un paso semejante, son para Stornelli, quien mantuvo viva la causa contra
viento y marea, sobreponiéndose a una notable falta de interés del
Juzgado Federal que le había tocado en suerte, y que ahora, cumpliendo
con su juramento, ataca a quien cree responsable de un delito, sin reparar
en el peso de su nuevo imputado.
Sigue
la Cámara Federal, que en su momento aceptó en encuadramiento en la
figura de asociación ilícita, asumiendo el "costo político"
de la eventual detención de algunos de los renombrados personajes en
cuestión.
Habría
habido un tercer aplauso para el actual gobierno. Pero no se lo vamos a
dar.
Digno
habría sido de mérito si hubiera sido el gobierno mismo, en cumplimiento
de sus múltiples y hasta ahora fallidas promesas electorales, quien
hubiera impulsado la investigación, proporcionado elementos de juicio y
demás para esclarecer la verdad de los hechos.
No
hizo tal cosa, pero aún habría seguido mereciendo aplausos si, como
parecía, se mantenía ajeno y respetuoso de las independencias judicial y
del Ministerio Público. Esto en nuestro país, es muchísimo. Pero...
tampoco lo hizo. La primera declaración de De la Rúa es para expresar su
"preocupación" y destacar a diestra y siniestra que ni él ni
su partido tuvieron que ver en este impensado giro de los hechos.
Es
claro: los políticos en Argentina no van presos nunca. Tal vez, por
alguna equivocación, o simplemente para calmar algún reclamo popular o
mediático, pueda quedar detenido algún "empresario" cercano a
los políticos: Dadone, Emir Yoma, Alderete, Fassi Lavalle... ¿políticos?
Jamás.
Habrá
honrosas (más bien deshonrosas) excepciones a nivel municipal o de
terceras y cuartas líneas: se logró la condena de Pico únicamente
porque se logró mantener la causa lejos de Comodoro Py y fue investigado,
juzgado y condenado en los Tribunales Ordinarios.
Pero
políticos, lo que se dice "políticos"... difícil. Casi tan
difícil como que vaya preso algún juez cercano a las marañas
gubernamentales. Caerá algún coimero menor y desfachatado, del estilo de
Wowe o Trovato. Pero los peces gordos siguen nadando y probablemente
cobrando buenos sueldos durante sus prolongadas latencias a la Oyharbide.
El
peligro de la situación de Carlos Menem aviva otra clase de
especulaciones, pues no es de los que se entregan fácilmente. Siempre se
dijo que uno de los motivos por los que los políticos no iban presos es
porque sabían demasiadas cosas de los restantes, tanto de sus partidos
como de los ajenos. Y que si se detenía a alguno de los más informados,
corríaserios riesgos hasta el más pintado.
Por
ahora, a seguir atentos.
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