El CELS y Poder Ciudadano, representados por Victor Abramovich y Luis Moreno Ocampo, realizaron la presentación ante el fuero contencioso administrativo, sobre la base de la ley de Etica Pública.
Esta ley, sancionada en 1999, establece la obligación de los funcionarios de dar a conocer la conformación de su patrimonio.
El amparo constituye una reiteración de lo que Poder Ciudadano viene reclamando desde mayo de 2001, que tiene como obstáculo la acordada 1/2000 de la Corte Suprema, que objetó el pedido porque atentaría contra la "independencia" de la Justicia.
Por otra parte, la jueza Mirta Torres Nieto pidió hoy la recusación de un miembro del Jury de Enjuiciamiento y la nulidad de un testimonio, apenas iniciado el juicio político en su contra.
La magistrada, suspendida en sus funciones desde fines de diciembre por el Consejo de la Magistratura, recusó al juez Horacio Biloch Caride por considerar que pertenece a la Cámara del fuero Laboral que la denunció por mal desempeño.