Introducción

“La desocupación no está relacionada con el delito” sostuvo William Bratton en una de sus visitas a nuestro país al ser consultado acerca de los factores que incidían en el aumento de la delincuencia en las grandes ciudades. En efecto, para el creador del régimen denominado de “tolerancia cero”, cuyo sistema se ofrece como solución eficaz para aquellas sociedades que se encuentran atravesando dificultades originadas en el crecimiento de la actividad delictiva, la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de las condiciones sociales, contradiciendo así a las clásicas opiniones que sostienen que el delito es el producto de carencias individuales, morales o de comportamiento.^[1]

No obstante estas categóricas afirmaciones, que cuentan con un importante consenso entre políticos, dirigentes y ciudadanos en general, no puede desconocerse que detrás de la búsqueda de solución al problema de la delincuencia se acercan intereses económicos de un enorme conjunto de personas, físicas y jurídicas, que de forma directa o indirecta obtienen importantes réditos con el engranaje que mueve la delincuencia, su control, represión, prevención y tratamiento posterior.

Contrariamente a ello, en otras ciudades donde se han aplicado otros sistemas distintos del denominado “tolerancia cero”, basados fundamentalmente en un acercamiento entre las autoridades policiales y los ciudadanos, actuando en la resolución de los problemas con la cooperación activa y regular entre ambos –conocido como policía comunitaria- el índice de criminalidad se redujo proporcionalmente en forma sustancialmente mayor.

A la proclamación señalada inicialmente se le acompaña la predicción de que resulta posible reducir rápidamente la delincuencia mediante la utilización de los elementos que el sistema ofrecido ostenta.

Este sistema de “tolerancia cero” se sostiene, no sólo en la lógica aplicación rigurosa de las leyes, sino en la dirección de su imposición hacia determinados grupos característicos. Entre estos grupos de personas selectivamente escogidas para soportar la gran carga de llevar adelante el sistema de lucha contra el delito se encuentran todos aquellos que se ven alcanzados por el flagelo de la desocupación, en todos sus matices, que puede presentarse a veces como sub-ocupación u ocupación parcial.

Algunas estadísticas recientes avalan lo expuesto y demuestran, a diferencia de la aseveración inicial, que la desocupación tiene una importante incidencia en el índice de criminalidad, siendo uno de los factores determinantes para que ciertos individuos, ante la imposibilidad de dar respuesta satisfactoria a sus necesidades básicas, se inclinen por el camino del delito.

La fuerza de las cifras

Según las últimas cifras oficiales en la República Argentina un 25,1% de la población económicamente activa  se encuentra desempleada, mientras otro 18,6% está subocupada.^[2]  De manera tal que más de 5 millones de personas de la población en condiciones de realizar tareas, padecen inconvenientes vinculados con el empleo, superando apenas el 40% de la población económicamente activa cuya cifra total es de más de 13.000.000 de personas.

En el año último en la Provincia de Buenos Aires se perdieron más de cien mil puestos de trabajo y en algunas provincias como Tucumán y Jujuy el índice se encuentra muy cercano al veinte por ciento.

Estos porcentajes se ven conformados fundamentalmente por sujetos de entre 20 y 25 años de edad, franja en la cual se registra un índice de desempleo cercano al 30%. Este número resulta de consideración inevitable a la hora de analizar el aumento de la criminalidad, toda vez que conforma la franja más importante de edad de los individuos que delinquen.

Pero también existen otros números a los que debe atenderse. En la ciudad de Buenos Aires 898.000 personas perciben ingresos menores a los doscientos pesos mensuales; mientras que 72.700 personas conforman el grupo de los denominados “cartoneros”;  y 671.400 personas están ocupadas de manera temporaria o realizan las llamadas “changas”.

En la República Argentina un 21% de la población vive con menos de un dólar por día, alcanzando el total de 7.777.000 personas. La devaluación de la moneda ha arrojado, entre otros resultados, el ingreso a la pobreza de 3.813.000 personas nuevas, a razón de 25.000 nuevos pobres por día. Hay 8.319.000 niños y jóvenes que viven en tres millones de hogares pobres, de manera tal que el 66,6% de los menores de la República Argentina es pobre. No obstante estos números, que van trascendiendo de la alarma a la desesperación, representan unos de los índices más bajos de América Latina, pero contrariamente, resultan abultadísimos a la luz de las cifras que se manejan en los países de Europa y Norteamérica.

Desde otra óptica, en el primer cuatrimestre del año 2000 en la ciudad de Buenos Aires se denunciaron 19.803 delitos contra las personas y 43.934 delitos contra la propiedad. En el primer caso significó un aumento del 31,19% y en el segundo una reducción del 1,95% con respecto a los registros del idéntico periodo del año anterior. En los últimos diez años los delitos denunciados en el territorio nacional aumentaron en un 89% y en la ciudad de Buenos Aires lo hicieron en un 313%.

En esa ciudad, mientras que en 1990 se denunciaron 61.203 delitos en el año 1999 las noticias de delitos alcanzaron el número de 191.755.^[3]

Algunos funcionarios han preferido ver en el aumento de los registros de delitos, en lugar del incremento de la criminalidad un acrecentamiento de la confianza que la población deposita en las fuerzas policiales. Otros, en cambio, han sostenido que el aumento de la desocupación no se refleja de manera automática en un crecimiento del delito, pero si aquella se mantiene durante uno o dos años, los índices de delito crecerán.^[4]

Sea cual fuere la opinión que se tenga, lo cierto es que las incontrastables cifras actuales denotan que estamos en presencia de un aumento del índice delictivo y del índice de desempleo, circunstancia que lleva a reflexionar acerca de la vinculación entre ambos. Más allá de ciertos elementos criminógenos distintos, la existencia de una amplia franja de la población que se encuentre carente de la posibilidad de obtener un ingreso fijo y digno, aumenta la posibilidad de que un número de individuos de los que conforman esa franja pueda inclinarse hacia el camino ilegal de la obtención de ciertos beneficios.

Se ha referido también a la correlación entre la distribución del ingreso y la cantidad de delitos, de manera que el empeoramiento en la distribución del ingreso incide también en el aumento del índice delictivo.

Deberá analizarse, en este orden, si el aumento de la desocupación entendido como elemento criminógeno incide sobre toda clase de delitos o si fundamentalmente lo hace sobre los delitos contra la propiedad, aunque debería entenderse que las consecuencias que el desempleo puede llegar a producir en un individuo resultan tan nefastas que lo condicionan negativamente para desarrollar su vida en sociedad, pudiendo entonces llegar a atentar con su conducta contra todo tipo de bienes jurídicos. Como se verá más adelante el desempleo lleva ínsita la pérdida de la estima personal y de la razón de ser del individuo, llegando a pensar que carece de utilidad. Esas sensaciones pueden influir en las personas tan negativamente que pueden dar lugar a conductas claramente antisociales.

Las consecuencias directas del desempleo y las otras

Dentro del grupo de sujetos desempleados se suele hacer la diferenciación entre demandantes y no demandantes, distinguiendo así a quienes tienen una actitud de búsqueda de trabajo de quienes no la tienen. De allí se puede obtener una primera impresión: en algunos individuos el desempleo genera desgano y lleva a la pérdida de la voluntad hasta para querer salir de esa situación.

Pero ello no es sólo lo que se puede resaltar. Los individuos que se encuentran desempleados están inmersos en un ocio forzado, al que no accedieron por decisión propia. Su vida está vacía y su tiempo está vacío. No hay obligaciones laborales prefijadas, ni responsabilidad laboral, ni actividad productiva y consecuentemente no hay satisfacción.

Este marco va señalando la situación en la que se encuentra el sujeto y en aquellos individuos que poseen sus valores éticos y morales menos arraigados pueden llegar a darse la tentación de incursionar en el camino del delito. Aquí se evidencia la importancia de la instrucción y de las enseñanzas familiares, aunque en gran número de ocasiones el grupo social o el núcleo familiar se encuentra en idéntica situación, con lo cual, más que un apoyo para el individuo constituye un grupo de riesgo para la sociedad toda.

Así, algunos individuos se inclinan por mayor esfuerzo en la búsqueda de tareas remunerativas, otros despiertan su ingenio para obtener, lícitamente, ingresos, mientras que otros presentan cuadros depresivos y otros se inclinan por las adicciones o las conductas desviadas. Lo cierto es que en la mayoría de los casos estamos en presencia de un sistema recurrente, de un circulo vicioso del cual el individuo no puede salir fácilmente.

Aquí debe destacarse la incidencia que produce en ciertos sectores de la población los modelos que los medios de comunicación destilan hacia sus seguidores. En ellos, en una importante generalidad, se inculca la conducta del facilísimo, la ausencia de valores y del esfuerzo y se hace creer que obtener una posición económica solvente se consigue fácilmente. Se exagera la facilidad de obtener sin sacrificio un bienestar y se enseña que el beneficio económico es el máximo objetivo al que se puede perseguir, pero que para ello no resulta necesario ni el esfuerzo, ni la preparación, ni el estudio. Este ejemplo de la sociedad del “toma lo que quieras” y del acceso fácil a los objetivos ha llevado a que los individuos fácilmente influenciables entiendan que lo que deben hacer para lograr lo que quieren es muy sencillo y les hace creer que tienen derecho a tomar lo que desean, sin importar a quien pertenezca y si les corresponde.

En este sentido resulta evidente la respuesta de algunos jóvenes que  sometidos a procesos penales se justifican en la necesidad que tenían de obtener determinado elemento o en el escaso perjuicio que, a su criterio, le ocasionaron a su titular al sacarle lo que le sobraba. Como héroes de un cuento de otros tiempos relatan que “yo le saco al que más tiene, al que no necesita”. Esto lleva a la justificación de la conducta delictiva, no como una causa que excluye la antijuridicidad del accionar, sino como la respuesta que el infractor entiende que debe aceptar la sociedad ante la desigualdad entre excesos y carencias. 

El desempleo como factor criminógeno

Si bien, y tal como se vio desde el inicio, se encuentra controvertido por los analistas que la desocupación o la pobreza actúen como agentes etiológicos de la delincuencia, parece que la realidad demuestra que efectivamente la respuesta a ese interrogante es afirmativa.

Franz Exner sostenía que “la influencia de los estados y sucesos económicos sobre la criminalidad ha sido por parte de la ciencia, unas veces sobrevalorada y otras despreciada”. Ya desde los inicios del siglo XX quienes contradecían esta postura estaban de acuerdo en señalar que, cuanto menos, la situación económica es uno de los móviles más importantes, el más variable, el más subordinado a oscilaciones y el que actúa en forma más aparente y súbita sobre la evolución de todos los fenómenos que se le relacionan”^[5].

Ciertamente que ante las carencias los individuos responden de las más diversas formas y que la desocupación es una de las más preocupantes carencias de todo ser humano, porque representa la ausencia involuntaria de una razón de ser y de una utilidad, lo que transporta a la creencia de la falta de sentido de la vida cotidiana y afecta su dignidad como persona. El apremio económico, consecuencia ineluctable de la desocupación, lleva al hambre y a la necesidad y puede ejercer una acción perniciosa sobre el individuo, tanto para su salud orgánica como moral. Esta acción se ve mucho más patente en los casos de los infantes o adolescentes que se desarrollan en un ambiente perturbado.

Así se llega a los denominados delincuentes de origen social, los cuales se ven condicionados por las causas sociales que  influyen preponderantemente en la provocación de los actos delictivos. Entonces se producen estímulos que llevan a estos sujetos a desembocar en el delito, llevándolos a desviar sus conductas de las reglas elementales de las leyes y convivencia en sociedad.

La desocupación desemboca en la falta de ingresos y ésta en la carencia de satisfacción de las necesidades básicas. Esto repercute negativamente en el medio ambiente en el cual se desarrolla el individuo, atribuyéndosele a las causas ambientales y sociales una acción delictógena. La naturaleza nociva de las condiciones inherentes al trabajo resultan ser uno de los principales factores vinculados con estas situaciones adversas.

De esta forma se evidencia la existencia de la desocupación y su consecuente pobreza como una situación pre-delictiva que reconoce una raíz social indudable y que, de acuerdo a su extensión y profundidad puede significar un indicador legítimo de descomposición social. Como se ve, la explicación del delito obliga a transitar el origen social en el cual aparecen diferentes pautas de conducta colectivas, lo que relaciona a todos sus antecedentes y sus consecuencias en virtud de su raigambre social. Las carencias de los grupos sociales postergados en la distribución de los bienes, en los ingresos adecuados o suficientes, en la educación y también en la posibilidad de obtener un empleo que le permita satisfacer sus necesidades básicas y una vida digna se muestran como nítidas causas de conductas delictivas.

Como señala Nils Christie^[6] quienes no tienen nada conforman, junto con quienes todo lo tienen los grupos más difíciles de gobernar. Esto es así por cuanto el que carece de todo resulta ser un accionista de la nada que, nada tiene para perder. No tiene propiedades y en muchos casos no tiene un entorno social y en otros casos aún tampoco tiene un honor para perder, porque ya lo ha perdido todo. Cabe preguntarse entonces, qué conducta es la que se le puede exigir a este individuo.

En esta misma dirección Jock Young señalaba que “para reducir la delincuencia deberíamos reducir la privación relativa garantizando que se ofrezcan buenos trabajos con salarios justos, viviendas decentes de las que la gente pueda estar orgullosa e instalaciones recreativas para todos y también insistiendo en que la vigilancia se mantenga dentro del marco de la ley”^[7].

Es que la escalada delictiva no puede disociarse del contexto cultural en el cual se gesta, pues se encuentra emparentada con los modelos político, social y económico imperantes.

Wesley Skogan estableció que en los Estados Unidos el determinante más poderoso del desorden social en los barrios pobres es la miseria debida a la subocupación crónica (resultante entre el desorden público y el índice de desocupación)^[8]. En ese país cuarenta y cinco millones de norteamericanos carecen de cobertura médica, treinta millones padecen hambre y desnutrición crónicas y siete millones viven en la calle o carecen de un alojamiento adecuado. Según informes del gobierno  norteamericano en las cárceles de ese país seis de cada diez detenidos son negros o latinos; menos de la mitad tenían un empleo de tiempo completo en el momento de su encarcelamiento y dos tercios de los internos provienen de hogares que cuentan con un ingreso inferior a la mitad del umbral de pobreza.

Según datos estadísticos en Francia, en 1998, entre la tercera parte y la mitad de los detenidos carecían de empleo al momento de su detención. En Inglaterra el 83% de los detenidos es de origen obrero y más de un tercio carecía de trabajo en el momento de su detención.

Los elementos marginados del mercado laboral se constituyen de esta forma en clases peligrosas que deben ser controladas concienzudamente. En ese contexto, están conformados por los jóvenes y los inmigrantes ilegales, a quienes se les ofrece la disyuntiva de la inserción en un mercado laboral de empleos inseguros o el camino del delito. De tal manera que el deterioro en el mercado laboral incide también en el aumento de la delincuencia y de la cantidad de detenidos.

Wacquand dice que el hecho de carecer de trabajo no sólo aumenta en casi todas partes la probabilidad de sufrir una detención preventiva y de mayor duración, sino que además, un condenado sin empleo es puesto entre rejas con mayor frecuencia que el resto. En idéntico modo, la ausencia o la debilidad de la inserción profesional del detenido incrementa la duración efectiva del encarcelamiento al menguar sus posibilidades de beneficiarse con una reducción de pena o una libertad condicional o anticipada ^[9]. De la misma forma la ausencia de ingresos, producto del desempleo, afecta la posibilidad de hacer frente a la eventualidad de recuperar la libertad ambulatoria ante la fijación de una caución real. Lo mismo sucede con la imposibilidad de generar ingresos mientras dure la detención.

De tal manera que no puede separarse la política criminal de la situación social o laboral, debiéndose reconocer que entre ellas existe una conexidad en sus transformaciones.

Las consecuencias del delito en la desocupación

Una visión inversa

Como una imagen que se refleja de modo inverso a lo que vinimos viendo, la incursión en el delito actúa negativamente para la obtención de un empleo posterior y, en un importante número de individuos, la presencia de antecedentes penales incide negativamente en la posibilidad de obtener un empleo.

De tal manera que la desocupación resulta ser, en forma general un elemento etiológico del delito y desde otra óptica, el delito también incide, aunque en el caso en particular, en la desocupación.

Se advierte entonces que la circulación de los antecedentes delictivos atenta contra la posibilidad de la reinserción laboral, toda vez que son generalmente considerados por los empleadores para descartar a los aspirantes que registran sanciones penales, no obstante la ausencia de corroboración de sus datos o de que se encuentren extinguidos. La circulación de estos antecedentes coloca al individuo en una situación de inferioridad de condiciones y puede redundar también  en forma negativa en sus familiares, amigos o allegados. ¿Quién puede asegurar que va a emplear a un ex-convicto, sin reparos? Parecería que la pena impuesta, condena también a un obligado trabajo sin relación de dependencia. No obstante, no es tarea sencilla la de determinar la forma en que los empleadores deban valorar los registros condenatorios de los postulantes y, si tales circunstancias, deben ser consideradas como pautas para el rechazo automático de la solicitud, o como una marca que el individuo lleva y no puede ser desatendida.

Sostiene Wacquand que la denominada hipertrofia carcelaria constituye un mecanismo que mejora la imagen de la situación del empleo al recortar la oferta de trabajo, pero al poco tiempo transforma a millares de personas en seres inempleables ^[10]. El encarcelamiento redujo el índice de desempleo pero su mantenimiento en un bajo nivel dependerá de la expansión interrumpida del sistema penal. Consecuentemente, un efecto en el mercado laboral constituye el aceleramiento del trabajo de miseria y de la economía informal, produciendo incesantemente mano de obra sometida a su voluntad, toda vez que el ex detenido no puede pretender otra cosa que un empleo degradado y degradante a causa de su infamante status judicial.

Aquellos individuos que se encuentran privados de su libertad, padecen también otras privaciones que resultan ser tan o más traumáticas. En efecto, quienes están detenidos no se encuentran en condiciones de obtener ingresos, de manera tal que el tiempo en detención se constituye en un tiempo muerto en el cual la persona no puede prepararse económicamente para afrontar su vida al momento de recuperar la libertad. Incluso muchos de ellos no pueden contar con una familia que le sirva de contención para respaldarse ante esa situación, sino que son familias que se veían solventadas por los ingresos ilegítimos que generaban quienes ahora se encuentran privados de su libertad. La falta de dinero no sólo impide mantener a su familia, prepararse para recuperar la libertad y tener una vida decente, sino que en otros tantos casos no permite hacer frente a una fianza asegurativa que los autorice a salir en libertad. Actualmente son muchos los casos de individuos que no logran juntar el dinero para hacer frente a sus cauciones.

También se ven casos de personas que, ante esa imposibilidad, aceptan los “préstamos” de otros internos que, serán devueltos a través de “favores” al momento de estar en libertad o con la participación en “trabajos” que proyectan al estar encerrados.

Todo ello, indudablemente afecta al individuo y lo predispone negativamente para buscar y obtener un empleo. El individuo que estuvo detenido, además de haber quedado estigmatizado para la sociedad como tal y como un sujeto “no recomendado”, ha ingresado en un círculo o ambiente carcelario que lo separa de la constricción al trabajo y lo lleva por otros caminos.

De esta forma queda claro que el delito anterior incide negativamente en la posibilidad de obtener un empleo.

A lo largo de las ideas transcriptas ha quedado en claro que la desocupación es un elemento etiológico del delito. Seguramente no es el único elemento que incide en la actividad criminal y puede que no sea el elemento determinante de la inclinación hacia la conducta disvaliosa. No podemos olvidar la necesaria injerencia que debe tener en un individuo la instrucción y la transmisión de los valores morales y éticos elementales que se obtienen en el ámbito del núcleo familiar, pero tampoco podemos desconocer que la falta de empleo es una condición degradante de la persona y constituye una condición social perniciosa para aquellas personas que  han hecho propias las enseñanzas facilistas que la misma sociedad les inculca.

De todas formas, la discusión acerca de si el desempleo constituye o no un factor criminógeno termina por ser nimia ante la evidente necesidad de una estrategia preventiva que, sobre la base de una correcta evaluación de todos los factores incidentes, debe desarrollarse contra el aumento del delito. Esa es, por cierto, la única solución real.

* Defensor Público Oficial ante los Jueces y Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Instrucción N° 16, de Capital Federal.