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Excelente iniciativa del Ministerio de Justicia: reformar el Código
de Procedimientos para terminar de concentrar la investigación penal en
el Ministerio
Público. El verdadero rol de los jueces.
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La
gran noticia del 7 de junio es que el Ministerio de Justicia, por iniciativa de su titular
Ricardo Gil Lavedra, que es a su vez consecuencia del relevamiento de las opiniones de la
totalidad de los jueces penales y federales del país, propondrá una reforma del Código
Procesal Penal de la Nación cuyo principal contenido será la concentración de las
facultades instructorias en los fiscales.
Esta reforma, harto necesaria, importa un doble
sinceramiento.
Por un lado, dotar de mejores armas (constitucionales por cierto)
a quienes terminarán resultando los principales protagonistas de la lucha contra el
crimen. Los fiscales son quienes representan a la comunidad en el ejercicio de la
pretensión pública punitiva (los cinéfilos recordarán más de un ejemplo del tipo de
"El pueblo del Estado de Virginia contra ..."). Y como día a día se deben
enfrentar con redes cada vez más tecnificadas y organizadas para cometer delitos (tanto
los violentos como los económicos) deben estar, por lo menos, a la par de sus
contrincantes.
Y por el otro, tal vez más importante, existirá un
sinceramiento sobre el rol de los jueces. Durante años y años, por herencia hispánica,
hemos dado a nuestros jueces de instrucción deberes contradictorios y difíciles de
sobrellevar: a la vez debían encabezar la investigación de un delito,
"juzgarlo" (pues el procesamiento y la prisión preventiva tienen connotaciones
muy cercanas a una sentencia) y velar por las garantías defensivas de los imputados.
No discutiremos cuál de estos tres aspectos es más
"valioso", pero los tres son inherentes a cualquier estado de derecho y por
tanto irrenunciables.
Y como sólo Dios podría "cumplir" bien con los tres
roles, finalmente teníamos jueces "garantistas" (a los que se acusaba de
blandos), jueces "amigos de la policía" (a quienes se les imputaba el soslayo
de ciertas garantías) y jueces "técnicos" (abocados al estudio de la Teoría
del Delito y con resoluciones brillantes, pero que no destacaban de igual manera en sus
otras funciones).
Siempre me pregunté cómo podía ser que quien encaraba la
investigación de un delito fuera objetivo al momento de juzgarlo, aún dentro de los
limitados alcances de un auto de prisión preventiva.
La reforma prometida, entonces, terminará por asemejar a
nuestros Magistrados cada vez más a los del modelo norteamericano: se ocuparán de velar
por la salud de los procedimientos (de por sí ardua tarea) y mantendrán mayor distancia
de las partes. Esto también asegurará sumarios más ajustados a derecho y reducirá las
nulidades que el exceso de afán a veces provocaba y terminaban por "liberar"
por la vía más curiosa a quienes en otras circunstancias podrían haber sido encontrados
culpables de las faltas que se les imputaban.
Debe celebrarse esta iniciativa, como cualquier otra que importe -al
menos- reconocer la existencia de un problema: este es siempre el primer paso hacia una
solución.
Y es muy bueno que el nuevo Gobierno muestre en algunas áreas la
iniciativa, creatividad y predisposición al cambio que no logra reflejar en materia
económica.
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