La denuncia que ahora deberá responder el Gobierno argentino ante la Comisión de la OEA versa sobre las reuniones mantenidas por el Secretario de Inteligencia Carlos Soria, con diversas autoridades del Poder Judicial –Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara Criminal Federal de Buenos Aires, Jueces criminales federales de Buenos Aires- en las que los habría urgido a detener, entre otros, a Domingo Cavallo, pretensión que se materializó el pasado 3 de abril.

Interpelado por la Cámara de Diputados, el Secretario Soria reconoció elípticamente la existencia de las reuniones.

El litigio de los casos ante la Comisión Interamericana es una función compartida por dos áreas del Gobierno: la dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, provisoriamente a cargo del Ministro Plenipotenciario Dr. Pedro Raúl VILLAGRA DELGADO y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a cargo del Dr. Oscar FAPPIANO. Estas dependencias deberán ahora explicar ante la Comisión de la OEA la naturaleza de las injerencias del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales.