INTRODUCCION

Durante su primer mes y medio de funcionamiento participaron del Diálogo Argentino más de mil personas pertenecientes a un centenar de organizaciones políticas, sindicales, empresariales, financieras, de la educación, de la cultura, de la salud y de distintos sectores de la sociedad. Al finalizar esta primera etapa, que pretendió iniciar un proceso regenerativo y fundacional que aspira a  servir de  cauce para la transición, la Mesa del Diálogo, ofrece a la consideración de toda la sociedad argentina este primer documento de coincidencias.

La primera coincidencia, es la que subraya la gravedad y la naturaleza inédita de la situación argentina. Esta se caracteriza por una profunda crisis de legitimidad de las instituciones, especialmente las políticas, cuatro años de recesión, creciente desempleo y aumento incesante de la pobreza, la indigencia y la exclusión social hasta niveles desconocidos en nuestra historia, problemas crónicos de las finanzas públicas y una extendida ruptura de la seguridad jurídica. Es la nuestra una crisis de bien común y todos los participantes han manifestado su voluntad de contribuir a recuperar ese sentido constitutivo de toda sociedad organizada.

La respuesta más urgente y necesaria frente a esta situación es la lucha contra la pobreza, que está destruyendo a millones de hogares. Negarle justicia a quienes la padecen, espiritual y materialmente, sería el ocaso de nuestro destino común como Nación.

Se han expresado, por otro lado, un conjunto de valores comunes entre los que se destacan: la confianza, como valoración del prójimo, la previsibilidad y las reglas de juego; la credibilidad, ligada especialmente a la honestidad y a la transparencia de todos los actores; la solidaridad, más allá de la necesaria asistencia social y como expresión de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida; en fin, la identidad nacional, como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o proyecto de país ampliamente compartido.                    

Desarmar una sociedad cargada de desconfianzas justificadas requiere actos concretos, aportes y renunciamientos, por lo cual nos une la inclaudicable tarea de abolir privilegios y prebendas.

Perro el profundo deterioro moral que ha minado la confianza entre los ciudadanos, ha roto la credibilidad en las instituciones públicas y ha alterado los pactos básicos de la convivencia, determina que todavía sea grande la distancia entre los valores y las prácticas, tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado y en la sociedad. Quebrada la solidaridad, prevalece la desconfianza y la conciencia de la gravedad de la crisis no parece bastar para que se modifiquen los criterios y comportamientos que condujeron a esta crisis. La falta de asunción de la propia responsabilidad, mayúscula en el caso de la dirigencia, conduce a la culpabilización del otro sin una paralela consideración de las propias falencias.

Prevalece en muchos participantes, al mismo tiempo, la convicción de que hasta tanto no se restaure un clima de mayor confianza que haga posible la reactivación de la economía, será muy difícil poner en práctica los acuerdos que se van alcanzando.

La Mesa del Diálogo llama la atención de la comunidad internacional sobre el carácter de emergencia que tiene la crisis social argentina, por lo que pide un compromiso especial y urgente que complemente los esfuerzos internos y a la vez que facilite la generación de un clima propicio para que, evitando los errores cometidos por todos, pueda tener lugar una negociación internacional que permita la concreción de un paquete de recursos de cooperación suficiente como para transformar equitativamente al país. 

Esto implica una toma de conciencia de parte de la ciudadanía y, en primer lugar, de los Poderes del Estado y de los Gobiernos Provinciales, que vivimos una etapa de transición cuyo objetivo central es preservar la institucionalidad, reconstruir la paz social y dar respuestas concretas a los problemas que plantea la sociedad argentina. Construir entre todos la transición y darle una base lo más amplia posible contribuirá a alejar el riesgo de la anarquía y a allanar el camino del fortalecimiento pleno de la vida democrática.

A pesar de las dificultades, de la fragmentación y de la desconfianza, las primeras coincidencias alcanzadas exhiben la potencialidad del Diálogo Argentino como instrumento inédito y eficaz para este tiempo de transición. Estos consensos y la metodología para alcanzarlos  quieren  ser, además,   una contribución a la formulación de políticas públicas, como verdaderas políticas de Estado, con amplio apoyo ciudadano, para éste y otros gobiernos.

Próximas Etapas

1. La Mesa del Diálogo Argentino espera que los acuerdos alcanzados sean instrumentados con urgencia a través de las medidas correspondientes en los ámbitos de los Poderes Ejecutivos, Legislativos, Judiciales , y los poderes descentralizados que correspondan. Asimismo, la Mesa del Diálogo continuará trabajando para lograr un compromiso de todos los sectores al nivel fundacional, que reclama la sociedad argentina.

2. La Mesa del Diálogo Argentino continuará ofreciendo su apoyo a diferentes iniciativas que surjan de la puesta en marcha de los consensos alcanzados, a través de encuentros, talleres y seminarios específicos, que permitan afianzar los compromisos iniciales. A tal efecto se aprovechará la experiencia y la metodología probada durante la primera etapa del Diálogo Argentino.

3.     La Mesa del Diálogo se propone continuar dialogando con los sectores que han mostrado interés en lograr acuerdos concretos para la construcción de la paz social. Para ello hará esfuerzos necesarios tendientes a identificar los mecanismos más aptos de ejecución y monitoreo.

4. Se iniciarán inmediatamente las gestiones para la implementación del Diálogo Ciudadano que intenta trasladar a los municipios, el nivel local y el sistema educativo, las conclusiones de la primera etapa del Diálogo Argentino. Para ello contará con el apoyo de la sociedad civil y sus actores a nivel municipal y comunitario.

5. La Mesa del Diálogo Argentino continuará sus contactos con los actores de la comunidad internacional a fin de informarles sobre los avances del proceso de Diálogo, como también hacerles llegar las preocupaciones surgidas en esta etapa, identificando posibles mecanismos de cooperación.

6. Finalmente, en una fase posterior, la Mesa del Diálogo Argentino reunirá a representantes de los sectores económico y social, en consulta con académicos de alto nivel, para definir una estrategia de país y una visión compartida de futuro.

LOS ACUERDOS DE LOS ARGENTINOS (síntesis)

Fase Preparatoria

Desde su lanzamiento, el 14 de enero de 2002, la Mesa del Diálogo Argentino se ha reunido, a través de encuentros bilaterales, con 75 entidades y organizaciones y 500 representantes, expresión de la vida económica, política y social de todo el país. Las opiniones y propuestas vertidas a lo largo de 150 horas de entrevistas, han sido minuciosamente registradas y sistematizadas procurando identificar las principales preocupaciones y puntos de agenda para el diálogo. 

Mesas Sectoriales

Este proceso inicial fue el marco propicio para la puesta en marcha de las Mesas Sectoriales Socio/laboral/productiva, de Salud, de Educación, de Reforma de la Política y de Reforma Judicial, convocadas por los Ministerios de Trabajo, de la Producción, Desarrollo Social, del Interior, de Justicia y Jefatura de Gabinete de Ministros, en el ámbito de las Mesas Sectoriales, donde más de 750 personas deliberaron de manera intensiva entre el 16 y el 26 de febrero de 2002.

Las Mesas Sectoriales buscaron alcanzar acuerdos básicos entre los argentinos, que aporten soluciones a temas prioritarios relacionados con la emergencia económica y social que vive el país, a la vez que identificar prioridades estratégicas para el mediano y largo plazo. Asimismo, y como producto del intercambio, los participantes sentaron el marco de valores que deberá sustentar los acuerdos alcanzados.

II.1. Mesa Socio/laboral/productiva

Los consensos alcanzados por Mesa Sectorial Socio/laboral/productiva, convocada por los Ministerios de Economía, de la Producción y Trabajo, se inscriben en un enfoque global que puntualiza que:

• La solución a los problemas sociales y de empleo que afectan al país solo podrá enfrentarse exitosamente en un marco de recuperación económica y de desarrollo sustentable.
• No obstante, dada la magnitud de la brecha social que afecta millones de argentinos, es necesario actuar ante la emergencia.

La concertación requiere renunciar y postergar aspiraciones.

La Mesa también valora el espacio de Diálogo, por lo cual se acuerda institucionalizar el dialogo social, creando un Consejo Económico y Social.

En este marco y prestando una alta valoración a la experiencia de Diálogo, la Mesa propone:

·        Otorgar la mayor prioridad a aliviar las carencias de los más necesitados, los pobres y los desocupados, universalizando las prestaciones por desempleo y  ampliando la cobertura del seguro de desempleo.

·        Extender la cobertura de la seguridad social a los grupos no protegidos como los trabajadores rurales y los mayores de 75 años que carezcan de ingresos.

·        Abolir las jubilaciones de privilegio.

·        Generar empleos mediante proyectos con alto impacto ocupacional.

·        Promover la reactivación de las empresas, particularmente las Micro y PyMES.

·        Crear  para este propósito nuevos instrumentos financieros como los Fondos Fiduciarios con el objeto de restituir la cadena de pagos y generar capital de trabajo.

·        Introducir  mecanismos ágiles para que las micro y PyMES puedan acceder a programas de asistencia crediticia, tecnológica, de gestión, de calidad, de capacitación y de accesos a los mercados.

·        Preservar el empleo en situaciones de crisis empresaria.

·        Toda empresa que reciba beneficios del Estado en forma directa (ej. crédito fiscal y reducción de aportes patronales) ó indirecta (derivados de subsidios o exenciones con aplicación específica) deberán ofrecer como contrapartida el mantenimiento del nivel de empleo y el “blanqueo” integral de los trabajadores de esa unidad productiva.

II.2. Mesa de Salud

A pesar de la importante red de recursos sanitarios públicos y privados del país, la dispersión de objetivos y esfuerzos han impedido que el conjunto prestacional asegurara el ejercicio del derecho inalienable a la salud para el conjunto de la población. 

Atento a ello,  y a que la mayoría de los actores del sector coincide en la necesidad de buscar espacios confiables y efectivos de acuerdo que permitan superar la coyuntura y promover los cambios necesarios en el mediano y largo plazo, la Mesa Sectorial de Salud se convertirá así en el marco político para viabilizar los consensos alcanzados: 

• Asegurar más y mejor salud para el conjunto de la población.
• Sostener y mejorar las actividades del sistema de salud tendientes a evitar el impacto sanitario de la crisis socioeconómica.
• Promover estrategias y acciones destinadas a reducir el riesgo sanitario y epidemiológico para el conjunto de la población y proteger especialmente a los grupos más desfavorecidos y/o vulnerables.
• Establecer los Instrumentos adecuados para resolver la emergencia sanitaria, a fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos y privados de atención de la salud.
•  Promover acciones destinadas a mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y al Programa Médico Obligatorio.
• Comprometer esfuerzos para lograr una mayor racionalidad económica y social del sector, promoviendo los cambios necesarios en el mediano y largo plazo que permitan consolidar un sistema integrado.
• Establecer una Comisión Permanente de Enlace entre: a) Prestadores y Financiadores, b) Recursos Humanos en Salud, c) Medicamentos, Insumos y Tecnología y d) Financiamiento y gasto en salud y el Ministerio de Salud.

II.3. Mesa de Educación

Los debates de la Mesa de Educación se dirigieron a consensuar una plataforma de acción, viable y posible, para convertir en hechos la unánime coincidencia sobre el valor estratégico de la educación básica y universitaria, de la ciencia y la tecnología. En este sentido, hubo amplio consenso en el sentido que la educación, la ciencia y la tecnología no solo es una política de Estado, sino que a partir de ahora, deberá ser una política que exprese la alianza de la Sociedad Civil y del Estado frente a la crisis.

A partir de estos consensos globales, las entidades participantes y el Ministerio acordaron:

EDUCACION BASICA

• destacar como ejes fundamentales: la equidad, la calidad, la educabilidad y la gobernabilidad participativa y democrática del sistema educativo
• Que valoran sustantivamente el derecho a la educación y el respeto a la diversidad.
• Que reafirman los consensos expresados en la Ley Federal de Educación y la voluntad de construir nuevos acuerdos en el ámbito del Consejo Federal de Educación
• Que es prioritario impulsar la formación en valores, especialmente frente a los nuevos desafíos sociales que plantea la crisis.
• Que en función de estos lineamientos se impulsarán políticas, programas y acciones tendientes a:

ü      Garantizar los esfuerzos para satisfacer las condiciones para el inicio del ciclo escolar y 180 días de clases.

ü      El desarrollo de nuevas iniciativas interjurisdiccionales y de coordinación entre el Estado y las organizaciones de la Sociedad Civil

ü      Priorizar la atención de las poblaciones más vulnerables en relación con el sistema educativo

ü      Impulsar la escolarización y atención temprana

ü      Atender las necesidades de los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo

ü      Impulsar programas que aseguren la terminalidad de la educación de adultos.

ü      Atender los tres elementos constitutivos del proceso educativo: alumnos, docentes y conocimiento.

ü      Impulsar la jerarquización de la formación docente y la articulación con las universidades.

ü      Mejorar la articulación entre los distintos niveles educativos y entre el Polimodal y la Universidad.

ü      Acrecentar la articulación entre educación y trabajo.

ü      Proponer la formación de una Comisión Permanente del Diálogo Argentino en Educación, Ciencia y Tecnología, que permita avanzar en la construcción de consensos.

ü      Conformar una red entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, los ministerios provinciales e instituciones educativas superiores para construir modelos organizativos adecuados a las distintas realidades escolares.

Que en consideración a las particularidades que presenta la actual crisis que atraviesa el país, es necesario que la Sociedad Civil así como el Estado realicen aportes concretos para garantizar el inicio del Ciclo Lectivo 2002, atendiendo las necesidades de la población escolar. Así, el Gobierno Nacional:

ü      Ha transferido los fondos correspondientes para efectivizar el pago de la primera cuota del primer semestre del 2001 del FONID.

ü      Ha dispuesto transferir el monto correspondiente al pago del 50% de 110.000 becas de seiscientos pesos cada una, destinadas a alumnos de familias de escasos recursos.

ü      Durante el transcurso del mes de marzo se entregan todos los útiles y material didáctico existente en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a las diez provincias que muestran mayor vulnerabilidad en sus indicadores socio-educativos.

 En relación con la Sociedad Civil, se consideraron las siguientes propuestas:

ü      Boleto Escolar para alumnos y docentes.

ü      Tarifas especiales para las escuelas por parte de las empresas proveedoras de energía eléctrica, gas y agua.

ü      Contribución de las empresas telefónicas y de comunicaciones para asegurar una amplia conectividad y servicios telefónicos más accesibles para las escuelas.

ü      Disponibilidad por parte de las editoriales de libros de ediciones rústicas más económicas.

ü      Compromiso de los medios de comunicación de masas para fomentar la educación a distancia a costos accesibles.

ü      Disponibilidad a valor de costo por parte del sector alimentario de un número reducido de productos esenciales de la dieta básica para el consumo en los comedores escolares. 

UNIVERSIDADES, CIENCIA Y TECNOLOGIA

A partir de estos consensos globales, las entidades participantes y el Ministerio acuerdan lo siguiente:

• Existe una relación insuficiente entre la producción de conocimiento científico y su utilización por parte de la sociedad, el Estado y las empresas.
• El sistema de educación superior y el científico tecnológico requieren de fortalecimiento institucional a la vez que políticas  activas hacia su personal y los estudiantes.

 Y plantean las siguientes propuestas: 

• Avanzar con un programa compartido con empresas de modo tal que investigadores  desarrollen estudios tecnológicos en empresas nacionales.
• Regionalizar y federalizar la implementación de la política científica, a la vez que se incrementa la articulación de las actividades entre las distintas instituciones del sector.
• Incrementar significativamente la labor de extensión universitaria y de voluntariado que acompaña a las organizaciones no gubernamentales.
• Cooperar en forma inmediata en mejorar la calidad de la gestión de los entes de control y seguimiento, contribuyendo a la exigencia social de mayor transparencia.
• Restablecer el Consejo Nacional de Educación y Trabajo.
• Fortalecer la dinámica del Consejo de Universidades y sus organismos integrantes
• Atender a la demanda social por mayor educación superior, incrementando la proporción de jóvenes egresados del secundario que prosiguen sus estudios.
• Reconocer la importancia de un financiamiento equitativo del sistema de educación superior y científico tecnológico.
• Otorgar al CONICET y a los demás organismos nacionales de Ciencia y Tecnología, la autonomía presupuestaria, al igual que las universidades.

 II.4. Mesa de Reforma Judicial

La Mesa de Reforma Judicial, a partir de la reafirmación del respeto irrestricto a los mandatos de la Constitución Nacional, la independencia judicial, y la observancia de los principios del federalismo, y conscientes de la necesidad de asumir una Política de Estado en materia de Justicia, para así dar satisfacción a la clara e impostergable demanda social de una urgente y profunda modernización del Sistema Judicial que asegure su plena independencia funcional como garante de los derechos de los habitantes, la eficacia de su actuación, y la eficiencia en la administración de sus recursos, reconocen la existencia de deficiencias graves en el funcionamiento de la justicia que se traducen en:

·        Dificultades en el Acceso a la Justicia,

·        Congestión y Demoras Jurisdiccionales,

·        Deficiencias en el Sistema Administrativo,

·        Falta de Capacitación,

·        Insuficiente Infraestructura,

·        Reformas Institucionales,

·        Independencia Judicial,

·        Falta de Confianza en la Justicia.

La Mesa identificó también que la Justicia padece una crisis de confianza por parte de la ciudadanía, que obedece a las siguientes cuestiones: a) dificultades en el acceso a la información, y ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia; b) situaciones de privilegio; c) ineficacia en la investigación y sanción de ilícitos cometidos en perjuicio del Estado. Frente a ello, la Mesa estimo necesarios

a)     difundir de la información existente;

b)     publicitar las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces;

c)      implementar procedimientos públicos con participación de la sociedad civil, para la selección de los candidatos a jueces de la Corte Suprema;

d)     que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, al igual que el resto de los ciudadanos;

e)     asimilar el horario de la justicia al de la administración publica local;

f)       implementar un sistema de control de gestión con publicidad de resultados como ya han hecho algunos poderes judiciales provinciales;

g)     determinar las razones por las que no han progresado numerosas denuncias contra funcionarios públicos. 

Sobre esta base, se han acordado los siguientes consensos:

• constituir una Mesa de Trabajo Permanente
• Creación inmediata de la Justicia Inmediata, Vecinal o de Menor cuantía, dotada de Competencia Civil y Correccional.
• Coordinación de las Actividades de los Centros de Asistencia Jurídica Gratuita.
• Creación de Centros de Orientación Jurídica para el Ciudadano
• Apoyo a los Sistemas para la Tramitación de Causas de Interés Público
• Diversificación de los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos
• Flexibilización de Estructuras y Competencias de los Fueros
• Organización de los Juzgados por Tipo de Proceso
• Unidades para Juicios Ejecutivos
• Nuevas formas de Trabajo Interno
• Centros de Costos por Fuero y por Juzgado
• Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo
• Puesta en Marcha de la Escuela Judicial Nacional
• Cooperación entre Centros de Capacitación
• Evaluación por objetivos y resultados en las Jurisdicciones Nacional y Locales
• Utilización de Estadísticas para el Diagnóstico y Análisis de la Organización y  la Gestión Judicial
• Sistema Digital de Tramitación de Expedientes
• Centralización de la Administración de Recursos Humanos, Racionalización de Ingresos y Ascensos, Marco de Incentivos
• Definición de Políticas de Incorporación de Tecnología, tendientes al uso del Expediente Digital y las Comunicaciones Electrónicas
• Definición de un Plan de Infraestructura Edilicia
• Control Interno y Transparencia de los Procedimientos para la Designación de Magistrados por los Poderes Legislativos
• Reorganización de la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Reducción del Número de Causas tramitadas
• Publicidad de las Audiencias
• Publicación de Estadísticas Trimestrales de Sentencias, Asuntos Ingresados y Pendientes, y Estadísticas de Personal y Cuerpo de Letrados
• Ética Judicial
• Control de Gestión
• Iniciativa Legislativa
• Subrogancia de Jueces, Fiscales y Defensores
• Recolección, Procesamiento y Análisis de Información acerca del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias
• Trabajo con la Ciudadanía y las Organizaciones No Gubernamentales del Sector para difusión y diseminación de la Reforma
• Difusión y Concientización de la Ciudadanía respecto de la necesaria Transformación del Sistema de Justicia
• Autarquía
• Mecanismos de Defensa de la Inamovilidad

II.5. Mesa de Reforma Política

Como punto de partida, la Mesa la sobre Reforma Política hizo suyos los contenidos del Acuerdo Federal para la Reforma del sistema Político, recientemente suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos de 22 Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El referido acuerdo sintetiza un proceso inicial de construcción de consensos referidos tanto a iniciativas de reducción del costo de la política como de reformas referidas a los partidos políticos, la estructura y funcionamiento de los poderes legislativos nacional, provinciales y municipales y el mejoramiento de la calidad de las instituciones, las reglas y los actores y procesos básicos de la política en la Argentina.

El eje central de los acuerdos alcanzados es el de la calidad de las instituciones, procedimientos, actores y procesos básicos de la actividad política. En una primera etapa, planteada por el  Acuerdo Federal, se ha apuntado a un recorte drástico en los costos y privilegios de la política. En una segunda etapa, la reforma apunta a la conformación de herramientas nuevas, capaces de dar continuidad a los avances logrados y a asegurar la vigencia de los principios tradicionales de la Republica democrática, combinados con las exigencias de eficacia y eficiencia que toda reforma estatal comporta.

Entre los lineamientos consensuados en la Mesa, cabe señalar los siguientes:

• El desarrollo del sistema democrático supone un protagonismo central y responsable de los partidos políticos. La renovación de la política requiere tanto el fortalecimiento de los partidos como la integración de las nuevas formas de representación y participación de la ciudadanía.

• El debate sobre la reforma política no debe reducirse a la cuestión de los costos de la política. El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la política y, como un aspecto central de la misma, las garantías de integridad, transparencia y control social.

• La renovación de la política requiere clarificar y transparentar el financiamiento de la actividad política, especialmente en las campañas electorales. Demanda también desarticular el sistema de privilegios de la política y develar los costos ocultos que generan la utilización de los recursos institucionales y económicos del Estado y los aportes privados en el mantenimiento de los aparatos políticos.

• La renovación de la política supone la necesidad de un protagonismo activo de ciudadanos cada vez mas informados y conscientes de sus derechos y responsabilidades. En tal sentido, la libertad de acceso a la información se convierte en una prioridad urgente e inexcusable.

• La reforma de la política supone un contexto que la favorezca definido por avances igualmente sustanciales en el campo de la Reforma del Estado. La introducción de exigencias de calidad en la gestión  incidirá sobre la vida interna de los partidos, impulsando mayores niveles de preparación  y compromiso de los dirigentes.

• La política debe recuperar la perspectiva del  bien común, la equidad y la inclusión social, y la defensa del interés social ante las presiones corporativas y sectoriales que lo amenazan. La reforma debe crear una conciencia social acerca de su necesidad. No debe ser vista como un empeño de los partidos para asegurar sus posiciones sino como un esfuerzo de la sociedad en su conjunto.

• La reforma debe tener una proyección nacional y federal, evitando los sesgos y distorsiones que introducen los problemas de los grandes centros urbanos y sus áreas metropolitanas. En tal sentido debe profundizarse el consenso entre la Nación, las provincias y los municipios.

• La reforma política sólo puede ser abordada desde una perspectiva integral y de amplio acceso de todos los sectores de la comunidad a sus temas y problemas fundamentales. La reforma sólo será posible a partir de un compromiso y una tarea efectiva de todos los poderes públicos y de los diversos sectores sociales interesados en su mejoramiento, incluyendo organizaciones no gubernamentales, y el sector académico.

• La tarea de la Reforma debe comprometer a todas las instituciones, actores y sectores de la vida nacional. Debe subrayarse especialmente la importancia de una participación responsable de los medios de comunicación social.

La Mesa a probo también un cuerpo de principios orientadores, que deben presidir el trabajo futuro de la Reforma. Estos principios se refieren  a las ideas     de calidad, transparencia, inmediatez en la relación entre representantes y representados,  eficiencia, acceso ciudadano a la información publica, proporcionalidad, protección de las minorías, pluralismo y apertura de los partidos a la consideración de nuevas formas de expresión y participación política.

La Mesa incorporó, como un anexo informativo complementario a su dictamen  un conjunto de iniciativas de reforma específicas, que pueden ser objeto de los trabajos futuros del Dialogo Argentino. Dichas iniciativas se refieren , en general a aspectos diversos de la reforma del sistema electoral, régimen de los partidos políticos, regulación de campañas electorales, reformas el federalismo, financiamiento de la actividad político partidaria y sistema constitucional de la división de poderes.