¿Es correcto que el título de abogado que expide cualquier universidad resulte suficiente para ejercer la profesión? ¿Por qué no dejar la cuestión en manos del Colegio Público?		+ Opine sobre la nota + Recomiende esta nota + Ver opiniones

Al paso que van las cosas, el título de abogado pronto tendrá casi tanta importancia como el de bachiller.

Cualquiera de las casi 40 facultades de derecho que existen en un radio de menos de 100 km. de la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones legales de expedir un diploma de abogado que no sólo acredita que el egresado ha completado la currícula propuesta, sino que además lo faculta para requerir su matriculación en el Colegio y comenzar a ejercer la profesión, con todo lo que ello conlleva.

Y después nos sorprende que la sociedad en general tenga un mal concepto de "los abogados", nos indigna la mediocrización del Poder Judicial y nos gastamos, como Colegio, cientos de miles de dólares en campañas de imagen.

Pero lo cierto es que varias veces por año nos topamos con colegas de quienes no llegamos a entender cómo fue posible que alguien, alguna vez, les diera el titulo de abogado y estos mismos colegas, a través de sus actos, ponen su grano de arena en la saturación de pleitos en los Tribunales y en el desprestigio creciente de todo lo que tenga que ver con la administración de Justicia.

Otros países (concretamente los EE.UU.) y otras profesiones dentro de Argentina (concretamente los escribanos) han logrado un sistema más equilibrado, mediante el cual son los mismos colegios quienes se encargan de habilitar a su colega para actuar de modo autónomo. Algo similar ocurre con los médicos, que para llegar a ejercer su arte de modo autónomo deben atravesar prolongadas "residencias" bajo la estricta vigilancia de sus pares.

La confrontación de este marco normativo con la realidad fáctica del desprestigio de la profesión de abogado, el notable deterioro en la formación profesional y la creciente pauperización a que se ven sometidos muchos colegas, especialmente los noveles, obliga al menos a reflexionar al respecto.

Para caer en otra de las paradojas argentinas.

Nadie puede hoy poner en duda lo que significó y aún significa la existencia de universidades públicas y gratuitas de excelencia como factor de nivelación social y económica y como generador de real igualdad de oportunidades y, por ende, de libertad.

Tanto así, que el debate político al respecto osciló dentro de un péndulo por demás curioso y demostrativo. En un principio fue la lucha para que la universidad (por entonces sólo pública) acogiera en su seno a todo aquel que pudiese y quisiese estudiar, sin distinciones, y con su educación a cargo del Estado. Luego fueron las universidades privadas quienes debieron a su vez forzar una solución política que permitiera también a ellas otorgar títulos académicos y habilitantes tan buenos (al menos en su formato legal) como los de las universidades tradicionales.

Pero ¿con qué nos encontramos hoy?

Con que la proliferación de universidades de todo tipo, combinada con la mediocrización del título de la UBA, puede terminar produciendo un resultado completamente inverso al buscado en primer término: el éxito profesional, directa o indirectamente, vuelve a depender de la capacidad económica del estudiante y su familia.

La Universidad de Buenos Aires, cuyos claustros mayoritarios son incondicionales defensores del absurdo principio del ingreso irrestricto, se ve obligada a acoger en su seno a cuanto egresado del colegio secundario se proponga cursar sus carreras. Y los "filtros" que naturalmente se establecen (v.g. el ciclo básico común) tienen más que ver con la resistencia espartana a las regulares condiciones edilicias y de estudio que a los méritos de los aspirantes.

Consecuencia inmediata de este incordio es que dicha casa de estudios (cuya principal fuente de financiamiento es, por pura providencia, el desinterés material de sus profesores) no está en condiciones reales y razonables de brindar una educación y formación de excelencia a los miles de jóvenes que año a año se proponen comenzar la carrera de abogado.

Entiéndase bien: el estudiante de derecho de la UBA que quiere cursar su carrera del mejor modo posible aún está en condiciones de lograrlo, merced a su esfuerzo personal y a una elección de cursos basada en la calidad de la oferta educativa más que en la facilidad del examen.

Pero lo cierto es que el título que obtendrá ya no implicará como antes un conjunto de valiosos presupuestos vinculados con la dedicación, la ética, el compromiso, la inteligencia, la apertura mental y el conocimiento. Le hará falta un "plus", también formal, que provendrá de cursos y posgrados (se prefieren los del exterior) que sólo podrá obtener si se encuentra en condiciones económicas de solventarlo.

De otro lado, algunas universidades privadas sí han logrado cierta identificación de su diploma con niveles de excelencia y, tarde o temprano, la demanda de empleo se dirigirá con preferencia hacia sus graduados. Esto, de hecho, ya está pasando en algunos Estudios.

En este orden de ideas, un buen mecanismo para volver a nivelar y asegurar igualdad de oportunidades sería que así como el Colegio Público tiene el control de la disciplina del abogado, tenga intervención directa en la habilitación para el ejercicio legal de la profesión.

Nadie está pensando en un examen oral o escrito que reitere y concentre toda la información contenida en los códigos, sino en alguna demostración dinámica (por ejemplo mediante el planteo de casos y a "libro abierto") de la real capacidad, habilidad y conocimiento del diplomado para ejercer la profesión de abogado.

Sé que muchos estudiantes que lean esta columna me tendrán bien presente en sus oraciones nocturnas, pero a ellos les digo:

• Volverá a existir un elemento nivelador y objetivo, accesible para todos los graduados.

• El filtro natural que este examen importará en la práctica reducirá la hoy irrazonable oferta laboral (léase muchos abogados para pocos puestos) y los pondrá nuevamente en condiciones de competir más en base a sus propios méritos que a contactos sociales o económicos, y en una mejor situación para negociar su retribución y tareas.

• Reinstalará en las universidades (y especialmente en las públicas) la posibilidad de debatir acerca de niveles de exigencia y preparación sin que quien proponga su elevación pueda ser tildado de reaccionario.

• Obligará a las todas las universidades a plantear su oferta educativa desde la excelencia, pues pronto habrá estadísticas indicativas de la suerte que en ese examen habrán corrido los graduados de una u otra casa de estudios.

• De algún modo, despejaría la profesión de los ineptos, los incapaces y los que sólo la usan como medio de obtener ingresos a cualquier precio.

O tan sólo pensemos en la los cientos de personas que día a día necesitan de un abogado. Algunos de ellos, los que pueden pagar, tienen acceso a los mejores estudios. Otros, terminan cayendo muchas veces en manos de quienes no merecerían ejercer nuestro ministerio. Y estos últimos son, por lo general, los presos, los despedidos, los desocupados, las mujeres golpeadas de pocos recursos y los desclasados en general.

Vaya esta reflexión para quienes digan que esta línea de pensamiento es reaccionaria: mientras nos ponemos el letrero de "progresistas" porque favorecemos que cualquiera ejerza la profesión, son los pobres quienes después deben sobrellevar las consecuencia.

Pues como dijo un conocido abogado del Foro, la profesión se aprende a golpes... que reciben los clientes.