Se dice que la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo.

Los jueces (al igual que los diputados, senadores, funcionarios salientes del Poder Ejecutivo y demás responsables directos del quehacer nacional) deben dar una imagen de absoluta transparencia, acorde a sus responsabilidades e investidura.

Es lo mínimo que pueden hacer en un contexto económico y social deprimido, en el que el Gobierno vuelve a exigir de los ciudadanos mayores sacrificios, vía impuestos o vía reducción de salarios de empleados públicos. Resulta entonces imperioso que todos veamos un esfuerzo equivalente (sino mayor) en nuestros gobernantes.

En cuanto a las razones que llevaron a Ferrer a separarse, se tejen diversas especulaciones.

Algunos sostienen que recibió una gran presión del radicalismo, que no podía en este momento tolerar que el nieto de uno de sus arquetipos de conducta moral (el Dr. Ricardo Balbín) se viera involucrado en semejante incordio.

Pero otros piensan que lo que motivó la renuncia de Ferrer fue el temor al escándalo mediático que significaría su inminente enjuiciamiento público.

Si ésta fuera la verdadera razón, estaríamos en presencia de otro cambio que debemos recibir con alegría: el temor al castigo funciona también para los jueces.

Una de las funciones de la ley es impedir ciertas conductas mediante la amenaza de una sanción.

Pero existe un componente subjetivo, que es la real creencia acerca de la posibilidad efectiva del castigo.

Hace no mucho tiempo, tal "amenaza" no era tal: los funcionarios cuestionados no creían posible que fueran a ser realmente condenados y continuaban en su cargo aprovechando las ventajas que sus fueros les proporcionaban.

Hoy no es así.

Estamos en el buen camino.