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Ya
ingresamos en los peores meses del año para los abogados litigantes. Por
un lado, el calor se va haciendo presente y vuelve un verdadero martirio
la recorrida de los Tribunales, entre una multiplicidad de edificios
distantes entre sí pero hermanados por la falta de aire acondicionado,
cruzando las plazas y las avenidas bajo el rayo del sol pero con saco y
corbata. Todo para hacer una cola interminable en cuyo extremo algún
empleado de mesa de entradas nos dirá sin mucha aflicción que nuestro
expediente no está en letra y que no sabe por qué no está ni se
encuentra él dispuesto a hacer absolutamente nada para que podamos verlo,
fíjese usted la cola que tiene detrás.
Mientras
tanto, vencen las expensas del Estudio y las de casa. Por suerte terminan
las clases y hasta marzo no tenemos más gastos del colegio de los chicos,
pero ¿qué hacemos con ellos? ¿los dejamos en casa viendo la tele?
Para
colmo de males, cerramos los ojos y cuando los abrimos ya es 15 de
diciembre, con un clima de "fin de año" en los juzgados que
hasta impide recibir o despachar cédulas, fijar audiencias, dictar
sentencias o cualquier clase de trámite.
Vendrá
luego la interminable feria judicial de enero y, en febrero recomenzando
la actividad, un clima pesado similar al de diciembre pero con un humor
mucho más fiero, con menos plata, menos perspectivas, los chicos que
siguen viendo televisión en casa con treinta y cinco grados a la sombra,
y nosotros sin un minuto para ocuparnos de ellos. Al fin y al cabo, para
qué una feria tan larga. A duras penas nos fuimos unos días a una playa
a gastar lo menos posible.
Llegamos
así a la paradoja de que, lo que en algún momento fueron nuestras
grandes reivindicaciones, hoy se vuelven una fuente más de escasez.
Contar
con un mes al año de "feria judicial" de verano representó en
su momento toda una afirmación a favor de la independencia profesional. Sólo
con un esquema de esa naturaleza podían los estudios medianos, pequeños
y unipersonales organizar su actividad. En un sistema procesal que exige a
los abogados concurrir al menos dos veces por semana a notificarse al
Tribunal y obrar en consecuencia, resultaba prácticamente imposible tomar
vacaciones si no es con los Juzgados cerrados.
Y las
vacaciones hacían también a la calidad de vida, al tiempo para la
familia, a poder despejarse del trajín diario, tomar distancia y
perspectiva, evaluar el año que terminaba y planificar el entrante.
Hoy en
cambio, ya en límites insostenibles de caída de ingreso, algunos colegas
comienzan a ver la feria como un castigo. No sólo no pueden irse de
vacaciones como querrían porque no tienen con qué, sino que además les
impide ganarse los pocos pesos que en estos días se pueden encontrar en
la profesión liberal.
También
los aranceles y honorarios mínimos hacían a la dignidad profesional.
Pero un buen día Cavallo y Menem, montados en algunas regulaciones que en
verdad eran disparatadas (pero siempre de otros) decapitaron por decreto
una ley nacional. Todos somos conscientes de que esa ley de aranceles
merecía un aggiornamiento, que en un mundo informatizado pasar un
testimonio no es lo mismo que hace 30 años y que los honorarios
sucesorios, esos sí, estaban un poco salados. Pero de ahí a privar a los
litigantes del honorario mínimo había un mundo.
Finalmente,
la catástrofe económica llevó en nuestro país a la multiplicación de
las contiendas judiciales, todas las que invariablemente tienen lugar en
juzgados que no sólo no han crecido en número, sino que cada vez tienen
menos funcionarios, pues la morosidad del Consejo de la Magistratura
mantiene vacantes aquéllos cuyos titulares mueren, renuncian o se apartan
por problemas con la ley.
Cuáles
son los resultados de esta nueva realidad:
El
primero, el más evidente, que todo cuesta muchísimo más trabajo. Antes
un pleito ejecutivo requería algunos pocos pasos procesales, tal vez
dejar nota en dos ó tres oportunidades (prácticamente sólo para el
traslado del memorial o para la concesión del recurso). Hoy, en cambio,
exige concurrir muchas más veces (despacho atrasado), a formar filas más
largas (congestión de expedientes), recibir una peor atención (deterioro
de la calidad del personal judicial) y someterse a imprevistos que cada
vez lo son menos: robo de expedientes, extravío de oficios, testimonios,
cédulas y escritos, cosas mal encasilladas o mal agregadas, o encontrar
en nuestros juicios escritos ajenos. Sin contar lo que pasa de Tribunales
para afuera: paros en el Registro de la Propiedad, en la Inspección de
Justicia, etc.
El
segundo, no menos notable, la disminución del ingreso en términos
absolutos (la verdad es que las regulaciones son cada vez más bajas) y
relativos: si antes por un trabajo que demandaba 30 horas regulaban 100
pesos, hoy el mismo trabajo lleva
60 horas pero regulan 50 pesos.
Ahora
bien, estos dos datos "evidentes" aparejan otros mucho más
graves y que son consecuencia de ellos.
A título
enunciativo: la degradación de la calidad del trabajo profesional y del
compromiso con el cliente, la pérdida de independencia, la pauperización
y desaparición de los estudios unipersonales y pequeños, la concentración
del trabajo en pocas manos y, a la larga, el resentimiento de las garantías
constitucionales y el acceso a la justicia. Hay algunas Secretarías en
las que más vale tener un amigo.
Vuelvo
al ejemplo de siempre: mañana cruza por la puerta de nuestro Estudio la
viejita arquetípica, viuda de un señor que trabajó hasta la tumba y que
todo lo que tiene en la vida es una pensión de menos de $ 200, el
departamento en el que vive, cuyo mantenimiento y gastos le insumen más
de esos $ 200 y otro departamento, un poco más grande, que alquila en $
400 y con cuyo producido atiende sus gastos, come y punto. Resulta que el
inquilino ni le paga ni se va y que las garantías eran
"truchas" o volaron y "estoy desesperada qué hago
Doctor". Buena pregunta: ¿qué hacemos?
Queda
abierto el debate, pero seguiremos con estas notas.
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